La situación del derecho humano a la vivienda en Venezuela será evaluada el próximo 07 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo tendrá como insumos los informes
presentados por el gobierno, la sociedad civil y organismos internacionales quienes expresaron cómo está la situación de los derechos humanos en el país.
El gobierno en su informe no visibiliza el derecho a la vivienda. La razón es muy clara. No tiene resultados satisfactorios que presentar. Es una de las áreas de gestión pública con mayores niveles de ineficacia. En el párrafo 145 de su Informe no tiene más alternativa que admitir la insuficiencia de las políticas públicas en la materia.
Si bien hay que reconocer que en el año 2011 inició un proceso de reconocimiento de la gravedad de la situación y lanzó la gran Misión Vivienda Venezuela que abre posibilidades de empezar a obtener resultados distintos a los once años anteriores, hay que advertir que sigue cometiendo parte de los mismos errores que produjeron el fracaso por más de una década. El promedio anual de construcción fue de tan solo 29.508 unidades habitacionales.
El viviendismo es uno de los principales errores. Diseñar y ejecutar la política de vivienda casi exclusivamente en la construcción de nuevas viviendas. Esa tendencia cuestionada por expertos en el área incluso militantes identificados con el proyecto gubernamental no se supera. Se deja de lado la reorganización y consolidación de barrios estables donde puede mejorarse la calidad de las viviendas y dignificar la vida en dichos espacios urbanos.
Pero incluso en la ejecución de la misma política viviendista se repiten errores. Destaco dos: El primero, no convocar a todos los sectores capaces de aportar para incrementar significativamente la construcción de viviendas entre ellos al sector privado nacional. Se continúa privilegiando convenios internacionales con países que no han demostrado eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones. El segundo, la falta de coordinación con las autoridades estadales y principalmente municipales, lo que genera graves inconvenientes en la prestación de los servicios públicos y genera en algunos casos distorsiones en el urbanismo municipal.
No tenemos a la fecha datos suficientes para indicar si el gobierno cumplirá o no sus metas para marzo de 2012 cuando se cumplirá un año de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Existen sí algunos indicios que generan preocupación. Por nuestra parte aspiramos que cumpla con la construcción de las 140.000 viviendas prometidas para beneficio de las miles de familias damnificadas que tienen cifradas sus esperanzas en esa promesa.
El país requiere de un Plan Nacional Integral de Vivienda con metas precisas por lapsos determinados que abarque nuevas viviendas y consolidación de otras, cálculos presupuestarios que incluyan el componente de servicios y líneas precisas de coordinación institucional con estados y municipios. La improvisación es una mala consejera.
