Rafael Uzcátegui
Las lluvias de comienzos de diciembre han atentado contra la alegría por el inicio del mes más festivo del año. Los venezolanos y venezolanas aún tenemos fresco el recuerdo de las tragedias ocasionadas por ingentes precipitaciones en el país. Doce meses atrás, para no ir muy lejos, 34 personas perdieron la vida como consecuencia de los aguaceros. ¿Era previsible estas tragedias?, ¿Era posible tomar medidas para minimizar los impactos?
Casi todos los países de Latinoamérica, a excepción de Argentina, Paraguay y Venezuela, poseen planes de adaptación y mitigación de los efectos del fenómeno conocido como cambio climático (CC). Si uno observa las principales discusiones de los movimientos sociales internacionales, se encontrará que el CC figura entre las principales preocupaciones de las y los activistas. En nuestro país, en contraste, este debate ha estado casi ausente. Si se revisan los directorios de grupos ambientales en el país constataremos que una ínfima minoría, por no decir ninguno, trabaja el tema. En Venezuela, al ser un problema desconocido, no lo relacionamos con los cambios de temperatura y temporadas de lluvias que hemos padecido en los últimos años.
Si bien los países industrializados son los responsables por la mayor cantidad de emisiones acumuladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI), uno de los causantes del CC, América Latina está aumentando su responsabilidad en el problema debido al acelerado crecimiento de sus emisiones de gases tóxicos. A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, la mayor proporción de emisiones de Latinoamérica no proviene del sector energía sino del conjunto Agricultura, Cambios en el Uso de la Tierra y Silvicultura. Las actividades agrícolas y silvicultura sumadas son responsables del 31% de las emisiones globales de GEI. En América Latina, en cambio, esta proporción alcanza el 63%, dando cuenta de la importancia de estos sectores en la matriz de emisiones de la región. Por otro lado la contribución de Suramérica al total de emisiones globales de CO2 es un 3,11%. Si se consideran las emisiones por habitante el mayor contribuyente es Venezuela, la cual se ubica en el puesto 55 del ranking mundial. Se calcula que el nivel de emisiones de los países de Sudamérica es casi el doble del promedio mundial.
El CC supone tal gravedad que en 1979 se convocó la primera Conferencia Mundial sobre el Clima, realizada en Ginebra. En 1992 fue aprobada, por 155 países, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 1997 se firma el Protocolo de Kyoto, que entra en vigor recién en 2005 cuando se alcanzó el mínimo de ratificaciones que el propio Protocolo exigía: al menos 55 países que en su conjunto representaran al menos el 55% de las emisiones globales. El Protocolo establece metas concretas de limitación de emisiones tóxicas. No obstante algunos países desarrollados ponen como condición para aceptar compromisos de reducción de emisiones, que también las economías emergentes de los países en vías de desarrollo adopten ese tipo de compromisos. Al entender que la problemática ambiental es un asunto sin fronteras, la mayoría de los países de la región están consultando planes nacionales de mitigación del CC. En algunos casos, como el de Brasil, se han aprobado las primeras normativas al respecto. Esos gobiernos saben que una debida planificación puede atenuar los efectos del fenómeno: Daños derivados del aumento de la temperatura, subida del nivel del mar, derretimiento de los glaciares, etc. que traerán consecuencias tanto por los daños directos en infraestructura y vidas humanas, como en la provisión de servicios y producción de bienes (caída en la disponibilidad de agua, disminución de la productividad agrícola, afectación al turismo, etc.).
Desde el año 2007 el Ejecutivo Nacional ha validado la cifra que estima en un millón las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, las cuales deben ser reubicadas. Es cierto que se han tomado medidas para atender a las familias damnificadas, y que la Misión Gran Vivienda Venezuela los ha jerarquizado como uno de los principales beneficiarios, sin embargo el énfasis cuantitativista en construcción de nuevas viviendas ha olvidado las políticas integrales de intervención del hábitat. Si queremos disminuir la cantidad de futuros damnificados, y con ello el número de decesos por lluvias, se debe implementar una política nacional e integral de vivienda, con metas claras, para reubicar a todas estas personas que viven en situación de riesgo. Esta dinámica necesita de la mayor transparencia en su ejecución, la cual permita el ejercicio de la contraloría social por parte de los beneficiados y beneficiadas. Hasta el día de hoy ha sido tarea imposible conocer con exactitud la cifra de refugios, cantidad de familias damnificadas y viviendas entregadas a estos.
Es perentoria la necesidad de que el gobierno del presidente Chávez realice los primeros pasos para establecer una política nacional de adaptación al cambio climático, vinculándola con los proyectos en materia de vivienda y hábitat.
