Muchos de los oficialistas apoyan el viejo lema ‘la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores’. Entonces, ¿por qué no dejar que sean ellos los que consensuen la reforma a la LOT?”
Tras 12 años de retraso, el Ejecutivo Nacional anunció que el próximo primero de mayo promulgará el decreto ley mediante el cual se reformará la Ley Orgánica del Trabajo (LOT). Este anuncio es inconstitucional por tres razones. Primera, la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución expresamente establece que debe realizarla la Asamblea Nacional. Segundo, porque legislar en materia laboral, significa legislar sobre derechos humanos. Y esa es una competencia exclusiva del parlamento. Como expresión de la representación del soberano, es el facultado para legislar en aquellos aspectos que comprometan la vigencia de los derechos humanos. Tercera, excede el mandato otorgado por la Asamblea al Presidente quien justificó la solicitud de habilitación en la necesidad de atender la emergencia provocada por las lluvias en diciembre de 2010.
A diferencia de lo que se podría pensar, ésta no es una discusión exclusivamente legalista. Como una extraña paradoja el gobierno del discurso del protagonismo y la democracia participativa pretende promover un marco normativo sin consultar a quienes dicha reforma afectará. Como se recordará, una Comisión Presidencial está redactando, en absoluto secreto, la propuesta a ser aprobada en Habilitante, mientras decenas de puntos en el país recogen firmas para apoyar, a ciegas, dicho esfuerzo. La manera como se intenta aprobar la nueva ley es una metáfora de lo que en los últimos años se entiende por “participación” y “protagonismo” en el país: No existe un compromiso real con garantizar el derecho a la participación, lo cual se reduce a retórica para esconder la voluntad de adoptar decisiones verticales y de “cogollo”.
El hermetismo que prevalece acerca del proyecto genera inquietud sobre la posibilidad que la reforma contenga normas que signifiquen retroceso en conquistas logradas con sacrificio, principalmente en el campo del derecho a la convención colectiva y libertad sindical. Recordemos que en más de una oportunidad el presidente de la República ha expresado que en su socialismo los sindicatos no son necesarios y que las convenciones colectivas generan “privilegios capitalistas”.
Es fundamental que una ley de importancia como la laboral sea sometida a consulta y debate de trabajadores y empleadores tanto del sector público como privado, así como a sectores de la academia que tienen mucho que aportar. En tal sentido el Ejecutivo Nacional debería rectificar no legislando en esa materia, con lo que la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de iniciar un amplio proceso de consulta.
En la reforma laboral de 1997 se engañó a los trabajadores prometiéndoles que se fortalecerían los salarios y se eliminaría el desempleo. En aquella oportunidad el gobierno contó para su estrategia con un sector de la burocracia sindical. Pareciera que hoy desafortunadamente el gobierno de turno pretende engañar otra vez al sector laboral del país y cuenta para ello con un sector sindical que hipoteca los intereses de los trabajadores por intereses partidistas. Los trabajadores y trabajadoras del país no pueden aceptar que sean nuevamente afectados en sus derechos.
Algunos dirigentes sindicales, como Orlando Chirino, han alertado sobre algunos de los aspectos que se han filtrado del proyecto que constituirían regresiones: “El proyecto pretende discriminar a los trabajadores en el tema de la reducción de la jornada laboral, para que no todos gocen de ese beneficio. Se introduce la figura de los consejos de trabajadores, que en el concepto chavista son organismos dependientes del Estado burgués, para socavar los sindicatos y atacar la autonomía organizativa de los trabajadores (…) Pero ya tenemos la experiencia concreta de lo que significa el control obrero para este gobierno (…) un control sobre los obreros, un mecanismo para reproducir las peores expresiones de esquiroleo, para reforzar grupos de choque patronales contra los trabajadores que luchan, eso es lo que viene ocurriendo en las empresas básicas de Guayana. ¿Y todo esto para qué? Para no discutir los contratos colectivos, atacar el derecho a huelga y desnacionalizar las empresas básicas, entregándolas a intereses transnacionales a través de la constitución de empresas mixtas y ventas a futuro. Recientemente el presidente de la CBTS, Wills Rangel, aseguró que el proyecto contempla mantener al CNE como árbitro en las elecciones sindicales, es decir, que las elecciones sindicales no estén en manos de los trabajadores, sino en manos del Estado burgués. También, para Rangel la nueva LOT debe incluir las milicias bolivarianas y el trabajo voluntario. Como es sabido, el mal llamado trabajo voluntario del que habla el gobierno no tiene nada de voluntario, es una modalidad de explotación en la que los patronos obtienen trabajo gratuito, coaccionando a los trabajadores con la amenaza de despidos. Todo esto nos demuestra que estamos ante una contrarreforma laboral”.
Correo del Caroní. 27.02.12
