El objetivo del proceso penal es establecer la verdad de los hechos, de lo contrario se puede favorecer la impunidad o cometer injusticias.
El concurso del saber científico y el manejo de las evidencias juegan un papel primordial en la consecución de tan trascendental objetivo. En tal sentido, cumpliendo con las exigencias del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, elaboró el Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia y Evidencias Físicas, el cual entró en vigencia el pasado 24 de octubre de este año.
El Manual es un instrumento que garantiza el manejo idóneo de las evidencias con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento en que son ubicadas en el sitio del suceso, durante su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, la consignación de los resultados ante la autoridad competente hasta la culminación del proceso penal.
El gran aporte es que quienes manipulen, procesen o almacenen evidencias físicas, deben adaptarse a los parametros que establece este Manual, lo que constituye una garantía para la colectividad, pues el manejo de las evidencias relacionadas con los delitos no sólo será adecuado sino también uniforme en cualquier parte del territorio nacional.
Esto otorga confiabilidad a los resultados de las experticias que sobre dichos objetos se practiquen y permite determinar si efectivamente el hecho puede ser catalogado de punible, lo que contribuye a la identificación de los autores y partícipes del delito.
De esta manera, sólo los resultados de las experticias practicadas sobre evidencias sometidas a una estricta cadena de custodia, merecen plena confianza de las partes, lo cual se traduce en la legitimidad del sistema penal.
Este instrumento ya se encuentra en plena vigencia, constituyendo un nuevo soporte para la realización de la justicia, lo que nos aleja de la terrible posibilidad de condenar a un inocente o absolver a un culpable.
En el Ministerio Público estamos seguros de que el mismo será de gran utilidad para los operadores de justicia y las partes procesales y, además, servirá para reafirmar una vez más que en Venezuela se respeta el debido proceso y que sus instituciones están interesadas en la transparencia de los procesos penales.
Fiscal General de la República
