El secuestro es considerado en el mundo como uno de los delitos más abominables que se pueda ejecutar contra una persona, toda vez que representa no sólo un grave impacto psíquico y moral en perjuicio de las víctimas sino también porque su ejecución en muchos casos puede implicar la tortura o muerte de éstas.

Se trata de una de las ramas de la delincuencia organizada que más ocupa la atención de los Estados, razón por la cual en los diversos foros internacionales se avanza en la búsqueda de establecer mecanismos de cooperación para combatirlo.

Cabe destacar que, a través de la Unidad Antiextorsión y Secuestro y las fiscalías con competencia especial, se ha atendido a las víctimas y los casos de manera directa, con lo que el Ministerio Público reafirma el compromiso de continuar prestando un servicio de calidad al pueblo venezolano.

Pese a tratarse de un delito cuya práctica es ajena a Venezuela, nuestro país ha estado a la vanguardia en la aplicación de medidas legales, preventivas y punitivas para contrarrestarlo. En tal sentido, además de estar tipificado en el Código Penal, se le dio un tratamiento especial a través de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, que entró en vigencia en junio de 2009.

El Ministerio Público como garante de la legalidad, no ha escatimado esfuerzos en la formación de fiscales especializados y la creación de unidades técnicas para dar respuestas eficaces e idóneas. En este sentido, actualmente cuenta con dos fiscalías nacionales especializadas en la materia y para fortalecer sus actuaciones, fue creada la Unidad Antiextorsión y Secuestro que hoy arriba a un año de eficiente trabajo.

Esta Unidad se encarga de enlazar la investigación penal tradicional con la tecnología avanzada y la criminalística, integrando no sólo a todo el sistema de justicia penal sino también a los operadores públicos y privados vinculados con el problema.

Desde su puesta en funcionamiento, 49 víctimas de secuestro han sido rescatadas o liberadas a partir de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y los organismos policiales del Estado. Asimismo, gracias a la investigación y las diligencias de los fiscales, se encuentran privadas de libertad 241 personas, 128 acusadas y se han dictado 75 órdenes de aprehensión. Además, se han bloqueado 144 cuentas bancarias, incautado 10 inmuebles e innumerables bienes muebles.

Cabe destacar que, a través de la Unidad Antiextorsión y Secuestro y las fiscalías con competencia especial, se ha atendido a las víctimas y los casos de manera directa, con lo que el Ministerio Público reafirma el compromiso de continuar prestando un servicio de calidad al pueblo venezolano.(Mp;07.12.2012)

 

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