Los días 14 y 15 de julio del presente año, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía 23 en materia Ambiental del estado Lara, rescató 109 especies de la fauna silvestre venezolana, tras dos allanamientos realizados en la población de Cabudare y el centro de Barquisimeto. Entre estas se encontraban venados, loros, monos, báquiros, babas y guacamayas, incluso reptiles, que presuntamente serían comercializados en otros países.
Situaciones como la anteriormente descrita se repiten a menudo en el país; días antes se logró el rescate de un cunaguaro en una vivienda en el estado Aragua, así como la incautación de 14 aves silvestres en el mercado de Quinta Crespo, en Caracas; esto por mencionar sólo algunas de las acciones emprendidas por nuestros fiscales, quienes a lo largo de los últimos seis años han logrado numerosas sentencias condenatorias contra las personas incursas en tales delitos.
Pero, así como se han realizado actuaciones para el rescate de estos indefensos animales y, además, obtener el castigo para quienes se dedican a mantenerlos en cautiverio o comercializarlos, la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental de esta institución ha solicitado diversas medidas ante los tribunales de varios estados para garantizar su protección.
Esta misma semana, una representación del Ministerio Público se reunió en el Salón Venezuela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Vargas, con representantes de los distintos cuerpos de seguridad del Estado a fin de iniciar acciones contundentes con el propósito de combatir el tráfico de fauna silvestre no sólo a escala nacional sino internacional.
En esta iniciativa se involucró también a las aerolíneas con vuelos internos y hacia otras naciones para sumar esfuerzos en la prevención del referido delito.
En dicho encuentro también se acordó colocar en diversas áreas de los aeropuertos, afiches, pendones y entregar material informativo sobre las especies animales en peligro de extinción, a objeto de crear conciencia y contribuir con su resguardo.
La Ley Penal del Ambiente, entre otros instrumentos legales de Venezuela, consagra la protección y las medidas coercitivas necesarias para poner fin a las agresiones contra la fauna silvestre. Sin embargo, es importante que las personas que conozcan de tales delitos realicen la denuncia ante las fiscalías con competencia ambiental, a las cuales he ordenado actuar con determinación y eficacia en esta materia.(Prensa Ministerio Público, 05/08/2013)
Fiscal General de la República.
