Según el Informe sobre el extractivismo en nuestra nación, publicado por Laboratorio de Paz, organización no gubernamental que aborda la investigación del tema, “Venezuela es el país de América Latina con mayores reservas de petróleo y gas. Además cuenta con otros recursos energéticos y minerales como carbón, aluminio, hierro, bauxita, fosfato, cobre, coltán, oro y diamantes. La importancia de la exportación de estos recursos es vital para la economía del país. Por ejemplo, para el año 2015, los ingresos por concepto de venta de petróleo representaron el 16,7% del total del presupuesto nacional. Las actividades de exploración y comercialización de recursos minerales y energéticos son realizadas por el Estado venezolano. En el caso de petróleo y gas coordinados por la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA), que según su sitio web es la cuarta empresa a nivel mundial y la primera a nivel latinoamericano. PDVSA se asocia con otras empresas energéticas (por ejemplo Chevron Repsol, ENI…) para la explotación de los diferentes yacimientos a través de una modalidad de negocios denominada “empresas mixtas”, donde el Estado conserva la mayoría accionaria de, por lo menos, el 51%.”
Si bien el extractivismo cambió el curso de la historia nacional en el siglo XX, y pisoteó pueblos indígenas, y arrasó selvas y ríos, también vulneró y sigue conculcando derechos humanos laborales. Estas arbitrariedades conllevaron a los trabajadores petroleros -pues en su gran mayoría fueron hombres-, a constituir las primeras organizaciones sindicales en Venezuela.
Pero los logros alcanzados por las luchas sindicales petroleras en materia de condiciones de trabajo retrocedieron en los últimos años, trayendo como consecuencia una espiral de protesta cada vez más extendida contra el despojo de los derechos adquiridos.
Ejemplo de este retroceso es la agresión contra Bladimir Carvajal, trabajador petrolero con 15 años de antiguedad, a quien desde el pasado 15 de septiembre de este año se le impide ejercer su derecho al trabajo en Petrocedeño, Anzoátegui.
Se trata de un despido por la vía de los hechos que se practica contra un dirigente sindical, miembro del Tribunal Disciplinario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTVP) e integrante de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-CURA).
Carvajal ha liderado desde hace años la lucha por la dotación de bragas, botas, detectores de gases, máscaras de escape, y otros insumos necesarios para el trabajo en la peligrosa empresa petrolera. Además es uno de los principales dirigentes sindicales autónomos de Petrocedeño, quien ha exigido refugios para los operadores de planta, baños dignos (con jabón y papel sanitario) y ha liderado las exigencias laborales socioeconómicas por la convención colectiva petrolera.
Este sindicalista fue agredido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes lo bajaron violentamente del transporte dispuesto por Petrocedeño para trasladar al personal, en momentos cuando el trabajador se dirigía -como todos los días-, a desempeñar sus funciones. Al despliegue militar se sumó el de policías y personal supervisorio de Petrocedeño impidiéndosele ingresar a trabajar, argumentando que estaría despedido.
El caso despertó tal indignación entre los 1.500 trabajadores de Petrocedeño que inmediatamente se reunieron en una asamblea espontáneamente organizada y manifestaron su solidaridad con el sindicalista, negándose a laborar durante varios días, como lo ha recogido la prensa nacional y regional.
Carvajal introdujo el viernes pasado una solicitud de amparo constitucional ante los tribunales competentes en el estado Anzoátegui, los cuales al momento de escribir estas líneas aún no habían admitido la justa petición de restablecimiento a su trabajo. El sindicalista se encuentra amparado por la inamovilidad laboral y como a todo ciudadano le asiste el derecho al debido proceso y a la defensa. Todos éstas garantías han sido denunciadas como transgredidas y se espera que la justicia actúe.
Carvajal apoyó al gobierno del entonces presidente Chávez frente a los eventos del paro del año 2002 y en la actualidad es un crítico de las políticas laborales de Maduro, especialmente en materia petrolera dada la lesión a los derechos laborales en la industria. El sindicalista estuvo detenido entre el 3 y 4 de febrero de 2014 y fue sometido a juicio penal por participar en una asamblea en la refinería de Puerto La Cruz, exigiendo la discusión contractual petrolera. El juicio fue cerrado a petición del Ministerio Público en vista que no hubo delito.
María Esperanza Hermida
Coordinadora de Exigibilidad
