El 25 de junio de este año fue anunciada por CNE la aprobación de un reglamento especial a fin de garantizar la equidad de género en las postulaciones a las próximas elecciones parlamentarias. Sin embargo, a la fecha se desconoce el contenido de este instrumento y ello, a pesar de lo positivo del anuncio, no abona a la construcción de un clima político favorable a la transparencia.
Provea ha hecho históricamente un seguimiento general al contexto en que se efectúan las elecciones en el país, así como a los eventos que dan origen a protestas cuando los resultados comiciales desencadenan descontento. Desde el Foro por la Vida exhortamos a los actores políticos y al órgano rector del Poder Electoral a desempeñar roles acorde a sus fines. Es por ello que dada la importancia de la representación electoral femenina, las luchas de las mujeres por el empoderamiento político y a propósito del reglamento anunciado por el CNE, preocupa su aprobación escasamente a un mes del inicio del lapso para postular las 167 candidaturas que se someterán a consulta popular el 6/12/15.
La anunciada nueva norma electoral podría responder a los esfuerzos adelantados en 2005, 2008 y 2010, cuando el CNE aprobó resoluciones orientadas hacia la equidad de género en la participación electoral. Pero como se desconoce hasta ahora el contenido del reglamento es difícil determinar si contribuirá a mejorar la participación femenina en las próximas elecciones parlamentarias, o si por el contrario correrá la misma suerte de las resoluciones del CNE predecesoras, que no la garantizaron pues sólo exhortaban a postular proporcionalmente mujeres y hombres en las candidaturas.
Estando a menos de un mes para iniciar la inscripción de candidaturas, se ignora el criterio que regirá la representación femenina para las diputaciones por lista y uninominales. Y si bien pudiera representar un avance el sólo anuncio del reglamento, el corto tiempo disponible para instrumentarlo no facilita aumentar la cantidad de candidaturas femeninas, sobre todo considerando la visión machista que sobre la participación política impregna aún la sociedad venezolana. La inclusión femenina no debe ser meramente formal o decorativa.
De otro lado, la oportunidad del anuncio por el CNE podría violentar normas de orden público establecidas constitucionalmente, que obligan a respetar como lapso mínimo para cambiar las reglas del juego electoral, un período de 6 meses antes de los comicios. Aunque este aspecto formal pudiera ser despachado por cualquier voz del oficialismo -señalando que lo importante es la intención-, necesario es decir que la representación parlamentaria de la mitad de la población votante del país, que además es mayoritariamente la más pobre y la que lleva sobre sus hombros responsabilidades fundamentales en una sociedad donde impera la familia mono maternal, merece respeto.
En ese sentido, el CNE pudo y debió informar antes, y motivar masivamente a las mujeres del país a participar en el debate sobre las reglas que regirán su representación. La buhonera, la educadora, la señora que limpia, la que vende café, la que maneja transporte escolar, la obrera, la indígena, la campesina, la gerente, la estudiante, la que está privada de libertad, la que trabaja y la desempleada, la sindicalista, la profesional, la que está enferma y la que goza de buena salud, la joven, la madre, la soltera, la de tercera edad, la prostituta, y mayoría de las mujeres, aún no contamos con acceso real al poder político, pues la principal limitación la impone el mismo CNE al omitir una participativa y democrática consulta en el tema.
Tales prácticas del ente comicial conducen a moderar el optimismo sobre el reglamento anunciado y más en el contexto de represión que vivimos en el país, donde luchas sindicales, indígenas y demandas políticas de diversos sectores populares y sociales se traducen en cifras de manifestantes con juicios penales por protestar, hacer huelga y exigir derechos.
