Lamentablemente las medidas anunciadas el pasado 17 de febrero de este año, representan una violación a la obligación estatal de no regresividad de las normas de protección a los derechos humanos, expresamente establecida en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Lejos de promover la reactivación del aparato productivo nacional, generar empleo de calidad, auspiciar el diálogo social y la paz, y cumplir, respetar y garantizar el acceso de la población al disfrute y ejercicio de todos sus derechos, el Presidente anunció un conjunto de decisiones que profundizan el más grave retroceso en materia de derechos económicos y sociales que haya registrado el país en los últimos años.
Una de estas medidas es la eliminación del subsidio a la gasolina, lo que se traduce en la venta de este producto dentro del mercado nacional a precios incrementados. En un país con la inflación más alta del mundo, el gobierno además devaluó la moneda sin informar sobre medidas concretas para resistir el impacto de sus efectos en la economía familiar, mientras el Estado ha demostrado su ineficacia en el control de la comercialización de la comida y productos alimenticios regulados. Los resultados en este sentido son evidentes: más pobreza, escasez y desabastecimiento.
Ahora bien, si se retrocede un poco en la historia reciente de Venezuela, vemos que medidas como las anunciadas por Maduro se implementaron hace más de dos décadas atrás generando nefastas consecuencias. En especial, fueron negativas para la población asalariada y sus familias, así como para las personas pensionadas y jubiladas, y para la gente en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, durante su segundo gobierno Caldera triplicó los precios de la gasolina de alto octanaje en 1995 y luego, en 1996 aumentó la gasolina de mediano octanaje y el diesel en un 500%. Uno de los impactos de este incremento fue la elevación del índice inflacionario que llegó a alcanzar el 103% en 1996.
Un poco más atrás, entre 1987 y 1988 -durante el mandato de Jaime Lusinchi-, se creó un mecanismo de flexibilización laboral consistente en pagar más dinero pero menos salario, al que se llamó “bono compensatorio”. Si bien producto de las luchas sindicales y gremiales desarrolladas en ese entonces, la extinta Corte Suprema de Justicia declaró que el bono compensatorio era salario, más tarde Caldera lo implementó nuevamente en su segundo gobierno pero bajo la figura de bono de transporte y bono de alimentación. Así, entre 1995 y 1996 se percibía más dinero por estos bonos que por la remuneración al trabajo, lo que pulverizó las prestaciones sociales reduciendo su base de cálculo. Los montos de las pensiones y jubilaciones, que se establecían como un porcentaje del salario real –sin bonos-, eran sencillamente miserables.
Por estas circunstancias, entre otras motivaciones, la década de los `90 fue el período más profuso en huelgas y movilizaciones populares del siglo XX en Venezuela, donde se exigieron múltiples demandas sociales que condujeron a un cambio político que desembocó en la constituyente de 1999. Hoy toca defender las conquistas alcanzadas décadas atrás frente a las políticas que reproducen la violación masiva a los derechos de la población más vulnerable. Igual que ayer, Provea está al lado de la gente más pobre para contribuir al restablecimiento pleno de sus derechos y al disfrute de los logros plasmados en la CRBV y en los Pactos y Convenios Internacionales.
