En la actualidad, uno de los mayores anhelos de los ciudadanos venezolanos es que los derechos humanos sean garantizados a toda la población y habitantes del territorio nacional, de cualquier localidad o región, en especial, dos derechos de garantía a la vida: la alimentación y la salud. Pero más que un anhelo, se trata de una obligación del Estado Venezolano. No obstante, el gobierno nacional ha fallado en esta labor, ha sido irresponsable e indolente sobre todo en los últimos tres años.
Cuando me refiero a cualquier localidad o una determinada población, apunto al drama que viven actualmente nuestros pueblos indígenas, ciudadanos de una extraordinaria y vasta cultura ancestral. Es importante señalar, que el capítulo VIII de la Constitución de 1999, está dedicado a los pueblos indígenas, a sus derechos, es decir, además de ser reconocidos en nuestra Carta Magna, el Estado supuestamente ha “desarrollado las políticas pertinentes” para que todas las etnias indígenas que hacen vida en el país gocen de todos los derechos que se merecen, tanto así, que para lograr estos objetivos se creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en el año 2007. Sin embargo ¿Cuál es la realidad actual? ¿Ha cumplido el Estado Venezolano con lo estipulado en la Constitución?
Según las estadísticas, en Venezuela hay 51 pueblos indígenas y aproximadamente más de 4.000 comunidades. La Etnia Wayuu ubicada fundamentalmente en la sierra de Perijá, Estado Zulia, es la más numerosa, con un 58% del total de la población indígena según el último censo. Le sigue la etnia Warao con 6% y se distribuye fundamentalmente en el Estado Delta Amacuro y también en los estados Monagas y Sucre. En menor proporción está la Etnia Pemón, en el suroeste del país, Estado Bolívar y Yanomami, en la selva Amazónica, entre Brasil y Venezuela. Me voy a referir a la situación actual del pueblo Warao, pues tuve la oportunidad de conversar directamente con representantes de algunas de estas comunidades. El testimonio que me ofrecieron fue muy triste, posible reflejo del resto de los pueblos indígenas.
En relación a la alimentación, sus fuentes naturales para ello están mermadas, como la pesca; influye la contaminación de los ríos y es muy preocupante que la mayoría no tiene acceso al agua potable. Aunque hay la presencia de algunos locales de Mercal en San Francisco de Guayo, solo se les proporcionan dos productos básicos por familia, según el día y por número de cédula, incluso manifiestan que dichas provisiones no les duran más de cuatro días. Un camión de Mercal se dirige una vez al mes hacia algunas comunidades, los habitantes tienen que pagar la gasolina para dicho trasporte, por supuesto resalto el desabastecimiento de alimentos. En actitud desesperada, el pasado diciembre aproximadamente 200 indígenas se trasladaron al Dto. Capital “en busca de comida”, tal como me lo expresaron. Hay familias que lo único que comen por días es apenas cazabe.
En cuanto a salud, los casos de tuberculosis son muchos, así como las diarreas, infecciones respiratorias y lesiones de la piel. No obstante, es muy alarmante la detección de casos con SIDA en varias comunidades. Se han registrado 56 casos confirmados por diagnóstico serológico, de los cuales han fallecido algunos. En relación a esta situación que se torna dramática, el poco personal que trabaja en salud no tiene los recursos para la detección de muchos casos que pudieran ser positivos, hay un gran sub-registro. Se dispone de medicamentos antirretrovirales, pero algunos se niegan a cumplir el tratamiento, ya que la cultura y creencias privan al respecto. Solo hay dos hospitales tipo I, ubicados en San Francisco de Guayo y Nabasanuka, municipio Antonio Díaz, que se encuentran aproximadamente a 6 horas en lancha de la capital, por supuesto, con las mínimas condiciones para la atención: escasez de personal médico e insumos. Algunos indígenas llegan a trasladarse al hospital de Tucupita, también en precarias condiciones, pero el medio de transporte fundamentalmente es por vía fluvial y en muchas ocasiones complicado, y no cuentan con una ambulancia fluvial.
No dejo de mencionar el derecho a la educación que deben tener, también negado, por el gran déficit de escuelas y maestros, además de material educativo. Esto es importante, en lo que respecta a salud se les pudiera enseñar que además de sus creencias, existen tratamientos complementarios para curar una enfermedad. Finalmente les pregunté si han obtenido alguna reacción “positiva” del gobierno ya que algunos han acudido a las autoridades pertinentes y la respuesta fue: ninguna, nos sentimos olvidados y abandonados.
@mariayanesh
