El pasado 14 de julio el gobierno nacional presentó una propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos. Una buena iniciativa que significa en primer lugar, una rectificación de la postura que hasta el año pasado sostuvo indicando que bastaba con la Constitución. Hay que indicar que desde diversas instancias del Mercosur se instó al gobierno a que, tal como existe en otros países de dicho bloque regional, se adoptara un Plan que oriente la labor del Estado en materia de derechos humanos. En tal sentido, el gobierno contó con la asesoría del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur.
El Ejecutivo Nacional afirma que el Plan será sometido a consulta. Y una primera iniciativa que está en marcha es una consulta online al cual puede acceder cualquier persona interesada.
Se refirió el gobierno igualmente a que se recogerá la opinión de las distintas organizaciones de derechos humanos del país. Hasta ahora no se concreta, pero debemos precisar dos aspectos sobre ese llamado. Para que sea efectivo el proceso deben crearse condiciones favorables para el diálogo y eso es difícil si por un lado se afirma se consultará y por el otro se mantiene una campaña de descalificación contra un número importante de organizaciones de derechos humanos. El presidente de la Asamblea Nacional, por ejemplo, pareciera empeñarse en sabotear dicho proceso al mantener una campaña constante contra activistas de derechos humanos sobre la base además de informaciones falsas y mal intencionadas. Así que una primera tarea del Ejecutivo y otras instituciones que deberían favorecer el diálogo como la Defensoría y la Fiscalía, es cuestionar la conducta de dicho funcionario que entorpece esa intención.
En segundo lugar, es importante para la consulta que el Ejecutivo Nacional indique con precisión cual es la hoja de ruta de tal manera que además de transparencia haya certeza en que se recogerán y sistematizarán los aportes.
Desafortunadamente el contexto en el que se lanzó la propuesta no es el mejor. Le resta mucha fuerza al Plan de Derechos Humanos la inconsecuencia del gobierno con su propia iniciativa. Por ejemplo, en la página 12 se cuestiona que se reprima a los sectores populares con el argumento de combatir el delito. Y eso precisamente es lo que el gobierno está desarrollando actualmente con unas razzias represivas que recuerdan al Plan Unión de los años 80. Todo el diagnóstico del la Comisión Nacional de Reforma Policial lo echó a la basura así como la política de crear un modelo policial humanista. Se realizan operativos donde se allana sin orden judicial y se destruyen los bienes de las familias pobres, se detiene arbitrariamente y se realizan ejecuciones como las denunciadas por familiares de las víctimas de la de la Cota 905. Nunca un operativo policial en Venezuela se había desarrollado con tanta violencia que dejara 15 presuntos delincuentes muertos.
Se agrega, que por primera vez en la historia del país la vivienda se usa como medida punitiva, castigando a niños y niñas porque presuntamente un familiar es delincuente. Una clara política violatoria de los derechos humanos dirigida contra los más pobres que se asemeja a la que aplica el Estado de Israel en Palestina, política cuestionada por la Organización de Naciones Unidas.
De tal manera que por un lado está el discurso y los argumentos del Plan y por el otro, la práctica del Ejecutivo Nacional no solo violando derechos humanos sino anunciando más represión.
El primer paso que tiene que dar el gobierno para cumplir con su propuesta es rectificar. Si continúa así el resultado será víctimas y más víctimas de la violencia del Estado.
Al revisar de manera exhaustiva la propuesta del gobierno es justo reconocer contiene iniciativas interesantes que si se desarrollaran pudieran contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
Pero si el discurso autoritario persiste, las practicas policiales arbitrarias se profundizan y la discriminación política que se práctica desde el gobierno continúa, lamentablemente no es mucho lo que podemos esperar de ese Plan. Por mi parte ya hice mi primer aporte mediante la consulta electrónica y esperaré a ver si se crean las condiciones que permitan participar en una convocatoria para dialogar sobre las iniciativas propuestas. Mientras tanto, seguiremos defiendo los derechos humanos para todas y todos.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
