El pasado 21 de agosto nuevamente fuimos atacados desde la alta burocracia del Poder. En esta oportunidad fue el presidente Nicolás Maduro como respuesta a la denuncia que venimos realizando en el sentido que él encabeza una campaña de xenofobia contra la población colombiana. Dicho ataque se suma a los que casi semanalmente realiza el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello contra integrantes de Provea y otros activistas de Derechos Humanos. Tienen años tratando de intimidarnos. No han podido. Ni podrán.
Le molesta al gobierno que mantengamos una actitud firme de denuncia de los abusos que se vienen realizando con la llamada Operación para la Protección y Liberación del Pueblo. Una razzia militar-policial que ha sido ejecutada por el gobierno nacional en zonas populares y que genera día a día numerosas arbitrariedades, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias, ejecuciones policiales, allanamientos ilegales, casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos. Un Plan Unión Bolivariano que re-victimiza a los más pobres ya afectados por la violencia de la delincuencia.
Desde que empezaron esas razzias policiales advertimos que se podrían generar graves violaciones a los derechos humanos y lamentablemente el tiempo nos está dando la razón. De ser casi una voz solitaria contra dichos operativos, poco a poco se han ido sumando pronunciamientos incluso desde las propias filas de simpatizantes del gobierno señalando lo antipopular de esa política de seguridad.
No es la primera vez que se nos ataca desde la presidencia de la República. En el año 2000 cuando el ex presidente Chávez tenía casi 80 % de popularidad nos cuestionó en cadena nacional las denuncias que hicimos sobre la detención y desaparición forzada de varias personas en el marco del deslave en el estado Vargas. Se dijo que éramos antipatriotas por estar señalando a la fuerza armada como violadora de los derechos humanos.
Años después el gobierno aceptó en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que efectivamente funcionarios policiales y militares realizaron tales desapariciones forzadas.
Ya antes de los gobiernos bolivarianos se nos descalificaba como defensores de delincuentes porque denunciamos intensamente la Ley de Vagos y Maleantes y el tristemente célebre Plan Unión hoy reeditado bajo un discurso supuestamente socialista.
Quien revise la historia de Provea tendrá que reconocer que hemos sido coherentes en la defensa de los derechos humanos. Hemos mantenido una política de acompañar a las victimas sin ningún tipo de discriminación en sus propósitos de exigir justicia, defender sus derechos y conquistar mejores condiciones de vida.
Entre su beneficiarios se encuentran trabajadores y trabajadoras, estudiantes, niños, niñas y adolescentes, campesinos, adultos mayores, solicitantes de refugio, integrantes de la fuerza armada y de las policías del país, fiscales, jueces y parlamentarios. El propio presidente Nicolás Maduro siendo dirigente sindical recibió asesoría de nuestra organización.
Respondimos rápida y certeramente en el Golpe de Estado de 2002 ante la detención del, para ese entonces diputado, Tarek William Saab, solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, estas medidas fueron solicitadas para el Presidente Hugo Chávez y Diosdado Cabello, vicepresidente para la época. Es así como la misma Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional en sus Informes sobre los sucesos de Abril reconocen la actuación de Provea.
Provea, también se ha dedicado a desarrollar procesos de capacitación en derechos humanos para diversos sectores del país, como: funcionarios públicos, organizaciones comunitarias y consejos comunales. Y ha colaborado y prestado su apoyo a organizaciones regionales de DD. HH.
Ese ha sido y seguirá siendo nuestro trabajo. Actuando de manera coherente, sin miedo ante los abusos del poder y los ataques reiterados. Comprometidos firmemente en la lucha por la democracia, contra la impunidad y por la justicia social. Brindado apoyo a las víctimas en sus denuncias y esfuerzos por obtener justicia.
Marino Alvarado Betancourt
