La Asamblea General 42 de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada recientemente en Bolivia luego de un poco más de siete años de trabajo y deliberaciones aprobó la Carta Social de las Américas. Un instrumento jurídico que debe contribuir a que en las Américas se defina y ejecuten políticas públicas a favor de la lucha contra la pobreza y para consolidar democracias sin exclusión y con justicia social.
Una iniciativa que surgió de ONGs de derechos humanos y de Desarrollo. En 1998 cinco redes latinoamericanas y 48 organizaciones incluyendo a Provea por Venezuela suscribieron la “Declaración de Quito”. En dicha Declaración se le solicita a los Estados del Continente que promuevan la adopción de una Carta Social Americana dirigida a garantizar el pleno y equitativo disfrute de los derechos Económicos, Sociales y Culturales por todos los ciudadanos y ciudadanas de la región. Estas mismas redes un año después presentaron a los pueblos de las Américas y las cancillerías de distintos países una propuesta de Carta Social. La propuesta fue debatida con algunas modificaciones en la primera y segunda Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana.
En el año 2005 el gobierno Venezuela con el copatrocinio de Argentina, Brasil y Uruguay presentó un proyecto de Carta Social. Tomando buena parte del contenido de la presentada por las ONG a quienes tanto critica y obstaculiza en el seno de la OEA, presentó una buena propuesta de Carta. Además, realizó un esfuerzo permanente por impulsar su aprobación a través del Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente.
El consentimiento dado por los Estados a la Carta Social de las América es un claro ejemplo de los aportes que a la lucha contra la pobreza, por mejor democracia y por la vigencia de los derechos humanos realizamos miles de organizaciones no gubernamentales de un extremo a otro del Continente. Evidencia que si muchos gobiernos en lugar de descalificar a las organizaciones asumieran sus propuestas, con seguridad pudiésemos avanzar mucho más en la realización de los derechos humanos.
Con seguridad el gobierno venezolano nunca reconocerá el aporte dado a la Carta por las organizaciones no gubernamentales. Pero más allá de esa circunstancia hoy pueblos y Estados contamos con una normativa que permite darle más integridad e interdependencia a la labor de promover los derechos humanos.
En las Américas el 43% de la población es pobre, lo que equivale a 222 millones de personas. Dos de cada cinco niños viven en la pobreza extrema. El 18% de la población carece de vivienda. El 10% de la población se encuentra desempleada, cifra que se duplica entre los jóvenes.
El reto por lo tanto es seguir enfrentando la pobreza y la exclusión. Para ello se requiere del compromiso serio de los Estados para desarrollar políticas públicas oportunas y adecuadas y de las organizaciones sociales ejercer contraloría y continuar presentando propuestas.
