Ayer jueves 07 estuvimos por primera vez en un estrado judicial defendiéndonos por defender a otros. Los y las abogadas de Provea a través de sus casi 25 años de existencia hemos participado en numerosas audiencias judiciales abogando por los derechos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero ayer fue distinto. Acudimos a un tribunal para responder a una demanda de la Fiscalía. Nuestra supuesta falta: apoyar la lucha del pueblo indígena yukpa.
Desde su fundación Provea viene acompañando a mujeres y hombres a quienes se le ha violado sus derechos humanos o se han encontrado en riesgo de violación. Sindicalistas, indígenas, estudiantes universitarios y de educación media, jubilados y jubiladas, educadores, campesinos, integrantes del poder judicial, niños, niñas y adolescentes, miembros de la fuerza armada tanto soldados como oficiales, policías de organismos municipales, estadales y de competencia nacional, juezas y jueces, refugiados y exiliados, colectivos e individualidades afectados en su derecho a la vivienda y en su derecho a la salud, mujeres y hombres pertenecientes a consejos comunales, entre otros.
Toda nuestra acción se emprende con propósito de beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas auspiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos a partir de sus propias experiencias de defensa y exigibilidad.
Esa labor la venimos realizando sin ningún tipo de discriminación, sin importar si apoyan o adversan al gobierno, su orientación sexual, su condición socioeconómica, sus creencias religiosas. Nos interesa la dignidad humana. Por eso las puertas de Provea han estado abiertas a miles de personas que en un momento determinado sintieron la necesidad de buscar el apoyo de una organización que las orientara y de ser posible las ayudara a reclamar justicia, a defender derechos o simplemente que favoreciera la comunicación con entes y órganos del Estado obligados a dar respuesta.
No actuamos para ganar simpatías de nadie y mucho menos de quienes tienen altos cargos en la estructura del Estado. Trabajamos en base a los principios de derechos humanos de no discriminación, de buscar la realización de los derechos con criterio universal, reivindicamos la integralidad porque consideramos que la satisfacción de todos los derechos es fundamental para que hombres y mujeres puedan vivir con dignidad. Afirmamos la opción por los más excluidos. Creemos en el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Con esos principios y filosofía hemos actuado.
Por nuestra firmeza al lado de las víctimas y la labor de promover y defender los derechos humanos hemos sido hostigados, amenazados, descalificados por distintos gobiernos. Pese a ello, nuestra actividad ha continuado. Ahora que enfrentamos un juicio no lograrán intimidarnos. No nos callarán. Nuestro compromiso ha sido, es y será al lado de las víctimas. En esta oportunidad con los pueblos indígenas.
