Como ya lo hemos anunciado públicamente compartimos el llamado del presidente Nicolás Maduro para enfrentar la corrupción. Y también advertimos que la instrumentalización política de la misma le quita fuerza y credibilidad.
Para enfrentar la corrupción se requiere entre otros factores el accionar firme, independiente y en el marco de la Constitución y la ley de las instituciones del Estado. Pero hay un factor que es fundamental: garantizar la participación ciudadana.
Para ello deben promoverse mecanismo y condiciones que permitan una real y efectiva participación de hombres y mujeres con disposición a dar su aporte.
Estimular y facilitar la contraloría social debería ser uno de los propósitos del gobierno si quiere permitir la participación individual o colectiva de los y las ciudadanas en la convocatoria a la lucha contra la corrupción.
Para que sea posible se le plantean como mínimo cuatro desafíos al gobierno.
El primero: Desarrollar una gestión pública con mayor trasparencia. Debe dar el Ejecutivo Nacional el ejemplo al resto de la estructura del Estado.
Ello pasa por algo esencial garantizar el acceso a la información pública. Que, por ejemplo, los portales web de los ministerios publiquen su memoria y cuenta. La gran mayoría no la publican.
Que ante las informaciones solicitadas se den respuestas oportunas y adecuadas.
Una de las grandes deficiencias existentes actualmente en el país es la dificultad para acceder a la información pública. Además la poca que se difunde es dispersa y contradictoria en cuanto a lo que informan órganos de un mismo ente.
Individuos y colectivos mejor informados tienen mayor posibilidad de participar en los asuntos públicos entre ellos el velar por uso adecuado de los recursos del Estado.
El equipo central de gobierno tiene que dar el ejemplo promoviendo en los órganos y entes donde actúan rendición de cuentas ante la población lo cual pueden ir progresivamente realizando tanto a través de sus portales web como mediante actividades específicas que faciliten, por ejemplo, el control de la ejecución presupuestaria y de las obras en desarrollo.
Segundo: Sumar fuerzas. No excluir.
Ello pasa por promover un discurso favorable a la búsqueda de consensos que permita sumar a diversidad de organizaciones políticas y sociales para que participen desde sus propios espacios y dinámicas en el ejercicio de la contraloría social y la lucha contra la corrupción. Un aspecto esencial es la no discriminación.
Tercero: Tener disposición a colaborar para que el Ministerio público lleve hasta las últimas consecuencias las investigaciones independientemente de la jerarquía política o institucional de las personas presuntamente responsables de hechos de corrupción.
Cuarto: El respeto a los derechos humanos de los presuntamente responsables.
Es importante que el Ejecutivo Nacional estimule al resto de los poderes públicos para que se respeten principios como el de la presunción de inocencia y el debido proceso. La lucha contra la corrupción no puede sustentarse en la arbitrariedad pues ella misma puede convertirse en factor de corrupción.
Lucha firme sí, pero con plena garantía de los derechos.
Finalmente, consideramos que debe priorizarse la investigación de todos aquellos hechos donde se puedan estar afectando en mayor manera los derechos de miles personas, particularmente creemos deben investigarse lo referente a las irregularidades que pudiesen haber en los programas sociales, en la administración de justicia y el dinero destinado a proyectos locales de gran impacto para la comunidad.
Aquí hay una explicación muy clara y concisa de cómo deben hacerse las cosas. Pienso que lo que no hay es la auténtica intención de luchar contra la corrupción. ¿Si ya existe una ley para qué se necesitan poderes especiales? Para que lo entienda el pueblo: el que quiere besar busca la boca.