Las violaciones a los derechos humanos en el pasado tuvieron un gran aliado: La invisibilidad.
Las dictaduras que azotaron el continente podían cometer sus tropelías impunes porque tenían la posibilidad de controlar todos los mecanismos para que estas no se conocieran.
Gracias a los avances de las tecnologías de comunicación y al fortalecimiento del Sistema Internacional de Protección afortunadamente, cada vez esto es más difícil.
El desarrollo de dispositivos personalizados digitales y la creciente redificación de los flujos informativos, cualquier persona tiene hoy la posibilidad de dar a conocer al mundo una violación a los derechos humanos.
De la misma manera, el monitoreo que realizan las instancias internacionales permite llamar la atención a nivel global sobre las graves violaciones que puedan estar ocurriendo en un determinado país.
El Estado está en la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones para que no exista impunidad.
Tiene igualmente la obligación de adoptar medidas adecuadas que garanticen que tales prácticas no se repitan y dependiendo de cada caso particular indemnizar a las víctimas y sus familiares.
Si el Estado favorece la impunidad esa misma conducta se constituye en una violación a un derecho humano, al no garantizar el derecho a la justicia.
Si somos víctimas, familiares de víctimas o testigos de una violación a un derecho humano estamos en la obligación de denunciarlo.
Mucha gente se inhibe de hacerlo por escepticismo sobre los órganos de investigación o administración de justicia. O por miedo.
Pero si una violación a los derechos humanos no se conoce, socialmente no existe.
Esto es precisamente lo que desean los violadores: disfrutar de la impunidad porque ello les permite continuar atentando contra la dignidad de las personas, por lo que el silencio es el mayor cómplice para ello.
Además del objetivo de conseguir justicia y revertir la violación, la denuncia cataliza otras consecuencias: Impide el olvido alertando sobre futuras violaciones similares realizadas por los mismos funcionarios; Genera conciencia y solidaridad y, aunque suene extraño, significa en sí mismo un mecanismo simbólico de reparación al elevar la autoestima de los denunciantes, promoviendo nuevos liderazgos sociales movilizadores de otros y otras.
Para realizar el proceso de denuncia es importante tener a la mano la mayor cantidad de datos que puedan sustentarla: Nombre, edad y ocupación de los afectados; Descripción del atacante e institución a la que pertenece; Narración y circunstancia de los hechos; Testigos y pruebas, entre otros.
Con el tiempo muchos detalles tienden a olvidarse, por lo que siempre es recomendable que los denunciantes escriban en un primer momento su propio relato de los hechos.
Difundir por los medios de comunicación y las redes sociales los hechos favorece la lucha contra la impunidad .Y es fundamental formalizar la denuncia ante el Ministerio Publico y la Defensoria del Pueblo.
