La Constitución en su artículo 117 establece el derecho que tenemos todas las personas de disponer bienes y servicios de calidad. Igualmente que deben ser resarcidos los daños ocasionados por su mal funcionamiento.
Entre esos servicios tenemos los de salud, seguridad social, educación, seguridad ciudadana, administración de justicia, luz, telecomunicaciones, correo, agua potable, aseo urbano, transporte.
La responsabilidad de que tales servicios se presten con calidad es compartida. Algunos son obligación del municipio, otro de los estados y unos cuantos del gobierno nacional.
La Constitución impone a la Defensoría del Pueblo la obligación de velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente acciones para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos.
De tal manera que en cierta medida de la capacidad que tenga la Defensoría para exigir la calidad de tales servicios, dependerá también nuestra calidad de vida.
Finalmente la Constitución nos da el derecho de acudir a los tribunales contenciosos administrativos para demandar al Estado a pagar sumas de dinero y reparar los daños causados por la administración pública al no prestar de manera adecuada tales servicios y reclamar por su mal funcionamiento.
Un análisis general de funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela nos indica que por lo menos hay cinco con permanentes fallas que afectan a un número considerable de la población.
Los servicios de salud, seguridad ciudadana, administración de justicia, luz y transporte.
Vamos a referirnos al servicio de luz con motivo del “apagón” nacional que se produjo el pasado martes 3 de septiembre.
Llevamos varios años sufriendo las consecuencias de un mal servicio que está bajo la responsabilidad del gobierno nacional. Las excusas son innumerables desde bajo nivel de los embalses hasta el ya desgatado argumento del saboteo.
Pero los trabajadores de la industria, por cierto, una muy buena parte de ellos simpatizantes del gobierno, se han encargado de desmentir a los distintos ministros encargados de ese servicio. El problema esencial es la falta de inversión y mantenimiento.
Como el gobierno, en vez de reconocer las deficiencias busca excusas, decidió hace pocos meses militarizar las instalaciones afirmando que las permanentes fallas se debían a un plan conspirativo. Y la luz se fue a escala casi nacional.
El argumento de saboteo que usó el presidente Maduro para este último acontecimiento es preocupante.
Al no reconocer el error pocas esperanzas hay que se rectifique y la población principalmente las del interior seguirá sufriendo las consecuencias. ¿Qué hará la Defensoría?
