Desde el próximo primero de enero de 2013 Venezuela será uno de los 47 países que integrarán el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un órgano intergubernamental que tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos en el mundo.

Esa promoción y esa protección deben empezar por casa. En tal sentido, el gobierno  y las instituciones tienen una gran responsabilidad por delante. La primera de ellas es realizar esfuerzos serios por superar el déficit existente en materia de derechos humanos en el país. Ello requiere unir iniciativas, esfuerzos y recursos para atender situaciones tales como la crisis carcelaria, la creciente inseguridad y las malas prácticas policiales para nombrar solo tres.

Además el gobierno en el marco del Examen Periódico Universal realizado en octubre 2011 asumió ante el Consejo de Derechas Humanos un total de 97 compromisos  para desarrollar medidas y políticas públicas con el propósito  mejorar la situación de los derechos humanos en el país. A la fecha no ha presentado una propuesta sobre cómo cumplirá tales compromisos, de qué manera evaluará su desarrollo y cuáles son los mecanismos para la contraloría social de las políticas y medidas que implemente. La respuesta no puede ser que ello está incluido en el Plan de la Nación, pues si algo tiene el Plan es que se olvidó de los asuntos de derechos humanos.

Continuar descalificando a los activistas de derechos humanos y las organizaciones y persistir en la negativa a no dialogar con organizaciones de reconocida trayectoria y experiencia es contraria al mandato del Consejo

El Consejo de Derechos Humanos tiene entre una de sus funciones ser un órgano de  observación y vigilancia  del grado de cumplimiento de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos. En tal sentido, lo coherente es que el gobierno venezolano facilite dicha observación por parte  de Naciones Unidas. Y una de las maneras de favorecer esa labor, es permitiendo ingresen al país distintos relatores tales como el relator sobre el derechosa una  de vivienda adecuada,  derecho a la salud, a la alimentación, situación de defensoras y defensores, independencia del poder judicial, contra la tortura, sobre ejecuciones extrajudiciales entre otros.

El gobierno del presidente Chávez hasta la fecha no sólo ha cuestionado la observación que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también limitado o impedido la labor de los relatores de Naciones Unidas.  Por lo tanto, una expresión de voluntad política para rectificar esa conducta es invitar a distintos relatores garantizando toda la libertad necesaria para que realicen entrevistas y visitas.

El Consejo de Derechos Humanos es también un órgano que incentiva el diálogo entre los Estados y la sociedad civil muy especialmente  con aquellas organizaciones e instituciones que promueven y defienden los derechos humanos. En tal sentido, continuar descalificando a los activistas de derechos humanos y las organizaciones y persistir en la negativa a no dialogar con organizaciones de reconocida trayectoria y experiencia es contraria al mandato del Consejo. Aspiramos el gobierno revise y Rectifique.

 

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