El pasado 01 de abril Amnistía Internacional presentó un Informe sobre nuestro país, llamado “Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas”, mediante el cual presenta de manera integral varios hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos.
El Informe confirma la importancia de la documentación de abusos de poder realizados por una organización que ha construido respetabilidad y confianza a través de los años.
Amnistía contribuye a comprender la compleja situación de conflictividad experimentada desde comienzos de febrero, no sólo por señalar las violaciones a los derechos humanos realizadas por los funcionarios, sino también por exigir a manifestantes y líderes de la oposición política una condena sin titubeos a la violencia.
En un resumen audiovisual del informe, el Secretario General de Amnistía Salil Shetty expresó: “Muchos disfrutamos al ver cómo, a comienzos del Siglo XXI Venezuela comenzó a dar pasos para atender los derechos de los más marginados, discriminados por tanto tiempo. Pero parece que el gobierno ha perdido esa oportunidad histórica”.
Amnistía Internacional, situó las causas sociales que originaron el malestar: “A comienzos de febrero la gente se echó a la calle para protestar contra los altos niveles de inseguridad y criminalidad y la falta de productos y bienes esenciales. El gobierno debe enfrentar esas protestas sin violar los derechos humanos de ninguna persona”.
Y es que algunos pretenden equivocadamente presentar la protesta en Venezuela como algo nuevo, cuando la verdad es que distintos sectores sociales vienen tomando la calle desde hace años para reclamar derechos.
Desde el 2008 hasta el 2013 ocurrieron en el país un total de 16.297 protestas de las cuales 37% de ellas fueron protagonizadas por trabajadores y trabajadoras. Es decir, la protesta ha tenido un amplio contenido social con participación de los sectores sociales más pobres.
Las protestas de febrero-marzo no podían estar desvinculadas de esa realidad social que venía sucediendo en el país. Por ello, el planteamiento de Amnistía es muy certero.
En la rueda de prensa de la presentación del informe, realizada en Madrid el pasado 01 de abril Nuria García, investigadora de la ONG, describió algunos de los resultados: “Hemos visto con gran preocupación, algunas de las declaraciones de altas autoridades del Gobierno, haciendo alusión a la culpabilidad de los detenidos, no sólo detenidos durante las protestas, sino líderes de la oposición. Consideramos que es una vulneración a la presunción de inocencia. En este caso por ejemplo Amnistìa habló con Luis Mateo Chirinos, estudiante que fue detenido, y minutos después las autoridades ya estaban ante los medios de comunicación indicando que había participando en actos violentos. Hacemos un llamado a las autoridades a resistir este tipo de comentarios que vulneran la presunción de inocencia”.
Ese mismo día Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, realizó recomendaciones que deberían ser revisadas con atención por las autoridades de nuestro país:
“En nuestra opinión o los DDHH se ponen al frente de la agenda política, o Venezuela corre el riesgo de caer en una espiral de violencia y llevará incluso un mayor número de abusos y de violación de los DDHH. Se deben dar las condiciones para entablar un diálogo constructivo y de buena fe, que dé prioridad a una agenda en defensa de los DDHH de todas y todos los venezolanos, independientemente de sus convicciones políticas. El gobierno y la oposición deben comprometerse a abandonar el camino de la violencia y avanzar por la vía del diálogo y el respeto al Estado de Derecho.
En concreto es esencial en práctica un plan nacional de derechos humanos, este plan debe establecer como el Estado propone debe garantizar todos los DDHH, civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, determinando la responsabilidad de todos los actores, cronograma, presupuesto, e indicadores adecuados.
Este plan, debe tener fuerte anclaje en el sistema interamericano, el sistema de Naciones Unidas, así como cambios legislativos necesarios, capacitación en DDHH a funcionarios públicos, así como el control de armas en el país.
En segundo lugar el ciclo de violencia no se superará sino hay rendición de cuentas, por eso es necesario que las autoridades adopten las medidas necesarias para investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todas las denuncias de asesinatos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes uso excesiva de la fuerza, o violaciones del debido proceso para llevar a los responsables a la Justicia.
Todas las personas en Venezuela tienen que poder ejercer su derecho a manifestarse sin temor, y a ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión, sin temor a ser víctimas de homicidios, ataques o víctimas de malos tratos o de detenciones arbitrarias”.
Invitamos a leer el Informe de Amnistía Internacional y así ampliar la visión sobre lo que viene ocurriendo en el país https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Informe_Venezuela._Los_derechos_humanos
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
www.derechos.org.ve
