El Ministerio Público en el país deja constancia cada vez más como se ha convertido en un instrumento para la represión de la lucha social . Por todas partes los tribunales se llenan de causas donde se acusa de cualquier tipo de delitos por atreverse a exigir derechos a estudiantes, campesinos, dirigentes sindicales, dirigentes comunitarios.
El pasado viernes 10 de mayo, la Fiscalía volvió a acusar de cuatro delitos en un tribunal de juicio penal al dirigente sindical de la empresa Ferrominera Rubén González, por haberse puesto al frente de una paralización laboral exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva. Una protesta pacífica donde participaron más de 3500 trabajadores y trabajadoras. En la audiencia la Fiscalía anunció que había varias solicitudes de captura. Por ello retamos a los fiscales en esa audiencia a que imputaran a los 3500 participantes de la huelga.
Rubén González en su declaración ante la juez dio una lección de pedagogía de lo que es ser un dirigente clasista que asume sin miedo su condición de líder sindical y no se intimida en un escenario donde sabe puede ser condenado a varios años de cárcel. Expresó la justeza de la huelga realizada y su papel como secretario General del Sindicato.
El martes 14 de mayo afortunadamente concluyó el juicio que se había iniciado desde 2012 contra las organizaciones Home et Natura y Provea por actuar de manera solidaria a favor de los justos reclamos del pueblo indígena yukpa. Afortunadamente la Fiscalía no pudo cumplir su objetivo de que se sancionara a las dos organizaciones.
En abril más de 100 manifestantes fueron acusados de distintos delitos por participar en manifestaciones en el estado Lara y Carabobo. A Algunos de ellos, incluyendo dos adolescentes, se les imputaron delitos establecidos en la ley antiterrorismo.
En febrero en el estado Anzoátegui, al defensor de derechos humanos Luis Rafael Escobar Ugas le fueron imputados varios delitos por dirigir una protesta pacífica que este 19 de mayo cumple seis meses frente al Palacio de Justicia. Los participantes exigen derecho a la vivienda. A Escobar Ugas además se le torturó y a pesar de exigir un examen forense inmediato se le realizó casi un mes después.
En el año 2010 denunciamos que más de 2500 activistas sociales en el país se encontraban sometidos a juicio por participar en huelgas, concentraciones, movilizaciones.
Algunos de estos activistas se encuentran sometidos desde hace más de cinco años a régimen de presentación en tribunales. Es el caso, por ejemplo, de los dirigentes sindicales de la empresa transporte Camila del estado Bolívar. Pero en esa misma situación se encuentran dirigentes campesinos que ha apoyado el proceso de reforma agraria.
En una sociedad democrática el papel de las instituciones del Estado debe ser facilitar el ejercicio de la protesta pacífica, no reprimirla.
La Fiscalía va por mal camino, ojalá algún día rectifique.
