La creciente militarización del país y la doctrina de seguridad nacional que acompaña la gestión de gobierno, tiene consecuencias negativas para la democracia y para los pobres.
Con el Decreto de estado de Excepción esta situación se agrava. El Ejecutivo Nacional se toma más libertad de intensificar sus redadas masivas contra las comunidades populares a través de la llamada OLP, que realmente se ha convertido en una Operación para Lastimar a los Pobres. Bien lo indica el líder político pro gobierno José Vicente Rangel: los pobres siente miedo ante esos operativos.
Se suma a ello la represión contra el descontento social. Los reclamos de la población cuestionando la escasez de alimentos o los malos servicios públicos o la inseguridad, son respondidos con represión. Antes del 2004 una persona detenida en una manifestación era liberada a las pocas horas, salvo excepciones. El Fiscal General Isaías Rodríguez inauguró la judicialización de la protesta, ordenando presentar en tribunales a quienes protestaban: así se procesó penalmente a estudiantes, habitantes de barrios, líderes sindicales y campesinos. La Fiscal le dio continuidad. Todo esto se hizo con el silencio de quienes tuvieron la responsabilidad de dirigir la Defensoría.
Pero se sigue profundizando esa política represiva contra el descontento de los pobres. Ahora además se les procesa en la justicia militar.
El Informe Anual de Provea 2015 sobre Derechos Humanos en Venezuela en el capítulo sobre el derecho a la justicia reseña varios casos de personas sometidas a juicio por discutir con algún guardia nacional en las colas para comprar comida.
Me di a la tarea de buscar información en el 2016. Encontré varias sentencias donde se inició proceso en tribunales militares en distintas partes del país a personas que discutieron o presuntamente se enfrentaron a guardias nacionales en las colas cuando intentaban comprar alimentos. También se encuentran procesados varios vecinos por cerrar una vía exigiendo derechos.
En febrero de 2016 en temblador, estado Monagas, una mujer madre de un niño autista fue detenida, presentada en tribunales militares y sometida a régimen de presentación cada treinta días. Su delito: discutir con un guardia nacional. Se le imputó el delito de ultraje al centinela.
En enero 2016 cuatro hombres y una mujer habitantes del sector popular Brisas del Valle, del municipio Díaz en Nueva Esparta fueron detenidos luego de realizar una protesta cerrando la vía. Se les imputó el delito de ultraje al centinela y fueron sometidos a régimen de presentación cada 15 días ante la Fiscalía Militar de Porlamar.
Estos son solo dos ejemplos. Pero hay procesados civiles en justicia militar por discutir con guardias nacionales en alguna alcabala, o por protestar en zona de seguridad, o reclamarles arbitrariedades al controlar las colas en farmacias o supermercados.
Procesar civiles en justicia militar es una violación de derechos humanos, al violentarse el derecho a ser juzgado por un juez natural. Los tribunales militares solo deben procesar a militares, que en servicio, cometan delitos de naturaleza militar. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han indicado que los Estados al procesar un civil en la justicia militar violan varios derechos y no hay garantía de justicia.
En 2010 entregué personalmente a la ex Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez un escrito en representación de las organizaciones Espacio Público y Provea donde se solicitaba se pronunciara ante la arbitrariedad de procesar a civiles en la justicia militar. Le indicamos varios casos. Nunca hubo respuesta y el silencio fue total.
El Defensor del Pueblo Tarek William Saab quien en la década de los 80 y 90 cuestionó firmemente que civiles fuesen sometidos a tribunales militares, tiene una tarea por delante: pronunciarse ante esta irregularidad y procurar además que se garantice el derecho a la protesta pacífica. Protestar no es un delito. Es un derecho.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
