El año 2015 se perfila como un año muy particular en cuanto a la situación de derechos humanos en el país. La agenda es intensa y compleja.
En primer lugar tenemos la expectativa sobre la actuación de la Defensoría del Pueblo con el nuevo equipo de trabajo dirigido por Tarek William Saab. Ese equipo tiene la responsabilidad de rescatar el carácter de la Defensoría como verdadera defensora del pueblo y no del gobierno como ocurrió en las dos últimas gestiones.
Aspiramos comprendan el papel importante que pueden jugar las organizaciones de derechos humanos existentes para potenciar junto a la institución la promoción de los derechos, la lucha contra la impunidad, enfrentar las practicas policiales abusivas y contribuir en materia de derechos sociales por ejemplo a mejorar los servicios públicos de salud y defender la libertad sindical.
En segundo lugar, entre los meses de junio y julio en la Organización de las Naciones Unidas Venezuela será evaluada sobre las medidas adoptadas y los progresos relacionados con las obligaciones que se derivan de dos pactos internacionales.
Entre el 01 y 19 de junio se debatirá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Desde el año 2001 el Estado venezolano no presentaba los informes que debe presentar cada cinco años.
En 2012 presentó su informe y deberá responder asuntos tales cómo la implementación de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas; la implementación de la Ley contra la Corrupción; medidas adoptadas para hacer frente al alto índice de la población que trabaja en la economía informal y particularmente sobre los resultados de la implementación del Plan Extraordinario de Empleo; información sobre las medidas adoptadas por el para garantizar que toda persona pueda ejercer sus derechos sindicales libremente; medidas adoptadas para garantizar que la infraestructura hospitalaria sea adecuada y que los centros de salud cuenten con el suministro de insumos médicos y de medicamentos suficientes y adecuados, incluyendo el abastecimiento de retrovirales.
Entre el 29 de junio y el 24 de julio se evaluará el grado de garantía y satisfacción de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado venezolano igualmente se retardó 11 años en presentar informe. Se evaluará por ejemplo qué medidas ha adoptado para investigar y sancionar la práctica de la tortura en el país; investigación y sanción a funcionarios por la realización de detenciones arbitrarias; medidas adoptadas para preservar la vida de las personas encarceladas; medidas implementadas para garantizar la administración independiente de la justicia y las garantías al debido proceso
La evaluación de esos dos pactos internacionales es otra oportunidad más para debatir sobre la situación de los derechos humanos en el país. En otros países gobiernos democráticos comprenden que es una coyuntura para avanzar a partir de diagnosticar sobre lo bueno realizado y sobre los déficit existentes.
¿Lo comprenderá así el gobierno venezolano? Está por verse, en todo caso las normas de Naciones Unidas establecen que debe promover la participación de la sociedad civil.
En tercer lugar, en la agenda tiene que estar la lucha contra la criminalización del derecho a la manifestación y el derecho a la huelga.
En cuarto lugar, la lucha por el derecho a la salud. Frente a servicios públicos cada vez más deteriorados y la indolencia gubernamental, habrá que desarrollar múltiples iniciativas para exigir al gobierno cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud para todos y todas.
En quinto lugar, aupar la implementación y cumplimiento la novedosa Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/SIDA y sus Familiares. Una ley surgida de la lucha de las organizaciones sociales y dictada con amplio consenso en la Asamblea Nacional lo cual constituye un avance en la lucha contra la discriminación en el país.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
www.derechos.org.ve
