Sorprende el silencio de muchas organizaciones sociales y políticas sobre la destrucción de viviendas y desalojos masivos que se vienen realizando con los denominados operativos de Liberación del Pueblo. Se lanzan a la calle familias enteras sin importar que estén conformadas por niños, niñas, adultos mayores. En algunas ocasiones los funcionarios que realizan el operativo se terminan hurtando bienes de las personas.
La vivienda la ha convertido el gobierno desde julio de este año es una forma más de castigo. De derecho constitucional a sanción. El argumento que se utiliza es que en una zona popular determinada opera una banda delictiva y en consecuencia la solución más fácil e inhumana que encuentra el gobierno es acabar con el barrio destruyendo las viviendas. En el caso de los apartamentos de la Misión Vivienda Venezuela se afirma que en el inmueble se perpetran delitos y se procede a desalojar las familias.
El 24 de Julio de 2015 el mismo día que se celebraba el natalicio de Simón Bolívar se realizó una razzia por parte de efectivos policiales y militares en los barrios El Cují, Bosque Verde y La Ensenada en el kilómetro 3 de la carretera Panamericana. Cerca de 300 viviendas fueron demolidas. Así mismo, derrumbadas. En muchos casos con los muebles de las personas. Se dejó en la calle sin contemplación a cientos de familias. Algunas posteriormente luego de una protesta frente al Palacio de Miraflores fueron enviadas a refugios. Así, esta vez no llegaban a los refugios familias como consecuencia de un desastre producido por la naturaleza, sino como consecuencia de una actuación arbitraria y desalmada del gobierno.
No solo en Caracas se vivió esa grave violación a los derechos humanos. Días después entre los días 17 y 20 de agosto al sur de Valencia, estado Carabobo, en el sector conocido como Brisas del Hipódromo 436 familias observaron como con tractores se destruían sus viviendas. Nuevamente funcionarios policiales y militares además de realizar cientos de detenciones arbitrarias se encargaron de dejar niños, niñas. mujeres embarazadas, personas con discapacidad en la calle.
El país conoció ampliamente como también en el mes de agosto se desalojaron familias y destruyeron viviendas en la zona fronteriza del Táchira con Colombia.
En El Piache-Los Olivos (Nueva Esparta), el 18 de septiembre más de cien familias fueron desalojadas.
En el caso de apartamentos de la Misión Vivienda igualmente se han realizado más de 100 desalojos. En la sede de la organización Provea se ha recibido el testimonio de familias expulsadas de manera arbitraria.
La ciudadana Omaira del Carmen Ramírez, beneficiaria de la GMVV de Tanaguarenas, denunció en Provea ser víctima de desahucio y desalojo forzoso de la vivienda a manos de funcionarios del Instituto de Vivienda de Vargas y policía regional en el contexto de la OLP.
El desalojo se produjo la tarde del 24.08.2015. Ramírez habitaba el apartamento desde hace un año. Antes estuvo refugiada cuatro años en el Fuerte Tiuna. Junto a sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, recibió la orden de desalojar en 20 minutos.
El gobierno se empeña en seguir con esta práctica violatoria de los derechos humanos. El 27.07.15 el presidente Nicolás Maduro declaró a los medios de comunicación: “En la Ley Habilitante voy a apretar duro, pero muy duro la tuerca, y aquel que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar como se las estoy quitando”.
Estas medidas ordenadas por el presidente Maduro son ilegales, inconstitucionales y vulnera los principios internacionales del derecho a la justicia y del derecho a una vivienda digna. Los estándares sobre el derecho a la justicia establecen que los castigos no deben trascender a la persona señalada de haber cometido un delito.
Los operativos OLP continúan mostrando cada vez más su rostro antipopular en un gobierno que se autoproclama defensor de los pobres.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
