Durante el mes de Junio la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó dos evaluaciones al Estado venezolano sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. No es un procedimiento que se realiza exclusivamente a Venezuela. El organismo internacional efectúa la evaluación a todos aquellos Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es importante aclarar que el propósito no es calificar de manera positiva o negativa la situación de los derechos en el país. La ONU a través de sus órganos competentes busca estimular que se garantice la satisfacción de los derechos a la población. El tal sentido, donde considera que se produjeron avances y se desarrollaron políticas públicas adecuadas, se reconoce y se estimula se profundicen y amplíen tales políticas. Donde se constatan déficit, realiza recomendaciones para que se rectifique si se perciben errores o se adopten medidas para mejorar la satisfacción de los derechos.
Un gobierno democrático ve en esas evaluaciones una oportunidad para dialogar y avanzar. Una coyuntura para reafirmar compromisos frente a la población en el sentido que se esforzará por garantizar más calidad de vida y más ejercicio de las libertades.
Desafortunadamente el gobierno venezolano no lo asume así. Las observaciones que realiza la ONU las califica como parte de una conspiración internacional. Sus niveles de intolerancia son de tal nivel que se dedicó primero a descalificar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y durante todo este año a los órganos de Naciones Unidas relacionados con derechos humanos.
La evaluación que se realiza a cada país incluye la posibilidad que las organizaciones de la sociedad civil aporten informaciones. Esas informaciones contribuyen a los expertos independientes que participan de la evaluación a tener una visión más completa e integral sobre cual es el grado de satisfacción de los derechos que garantiza el Estado.
Un gobierno democrático ve en esa participación de la sociedad civil una acción positiva e incluso la estimula. Desafortunadamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro califica la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil como parte de la conspiración internacional contra Venezuela. Los activistas de derechos humanos son descalificados y en algunos casos perseguidos por aportar al debate sobre la situación de los derechos en el país.
Al asumir esas dos posiciones anteriores el gobierno venezolano termina despreciando las recomendaciones que realiza Naciones Unidas. Por lo tanto. muchos problemas no solo no se solucionan sino que se agudizan y los efectos los sufre la población venezolana.
Por lo tanto, no podemos ser indiferentes sobre el comportamiento del gobierno. Su actitud termina perjudicando a millones de venezolanos y venezolanas, principalmente los más pobres simpre los más vulnerables en materia de derechos humanos.
Si el gobierno actuara seriamente acatando las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, con seguridad se garantizaría a la población un mejor nivel de vida y la democracia se fortalecería.
Su conducta no democrática y el desprecio a las recomendaciones tiene repercusiones negativas en la garantía de mayores niveles de seguridad ciudadana, de prestación adecuada de servicios públicos de salud, de garantía de superación de la escasez y en el control de la inflación entre muchos otros aspectos. Es decir, repercute en el día a día de la familia venezolana.
Los derechos humanos no son algo teórico, son parte de nuestra vida cotidiana, por eso un gobierno que no tiene voluntad política de mejorar la satisfacción de los derechos, se coloca de espaldas a los intereses de la población y del país.
(*) Marino Alvarado Betancourt, abogado, ex-coordinador general y miembro asociado de Provea
@marinoalvarado
