En información adicional presentada la semana pasada por la Fiscal General al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, envía unas fotos de dos reuniones realizadas con ONG de derechos humanos. La primera realizada con Provea y a petición nuestra, recibió días después al Foro Penal Venezolano. Se vivían los difíciles primeros meses de 2014 cuando el país era sacudido por una alta conflictividad social.
La reunión con la Fiscal teníamos dos años solicitándola para tratar específicamente lo relacionado a los compromisos pendientes del Estado venezolano para investigar y sancionar a los responsables de la masacre de El Amparo. La Fiscal propuso que discutiéramos además aspectos relacionados con la coyuntura que vivía el país.
Fue una reunión cordial que se repitió días después a solicitud de la Fiscal. Esa segunda reunión igualmente fue muy cordial y se avanzó en la solución de algunas denuncias que habíamos realizado, sobre todo vinculadas a persecución a dirigentes sindicales. Posteriormente mantuvimos una comunicación muy fluida con el actual Vicefiscal Joel Espinoza.
Me obligo a referirme a estas dos reuniones con la Fiscal Luisa Ortega Díaz, porque con el envío de las fotos la Fiscal pretende justificar ante el Comité que en Venezuela no se obstaculiza el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos, sino que por el contrario se les recibe con frecuencia en las instituciones.
No es así. Existe una política de Estado orientada a criminalizar el trabajo de las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos.
Los ataques son constantes. Hay un uso permanente de los medios de información del Estado para desacreditar a las organizaciones y algunos de sus activistas. Se nos pretende vincular a agendas de conspiración y de violencia. Se cuestiona la participación en las instancias del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Nuestros informes, que siempre contienen sugerencias de políticas públicas a desarrollar para superar déficit existentes, son descalificados sin ni siquiera tener la modestia de leerlos.
Tienen años realizando ese trabajo y no han podido callarnos. Tampoco lo lograrán. Tenemos un firme compromiso de acompañar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lo seguiremos efectuando.
Quien revise la historia de una organización como Provea encontrará, por ejemplo, cómo hemos acompañado a víctimas de distintas clases sociales y orientaciones políticas sin discriminación.
Logramos la primera sentencia a favor de víctimas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a la masacre de El Amparo donde 14 pescadores fueron asesinados por policías y militares. En 1992 cuando militares insurgieron con dos intentos de golpe de Estado atendimos a familiares de militares rebeldes detenidos y de militares que resultaron muertos contrarrestando el alzamiento. El propio presidente Nicolás Maduro, cuando era dirigente sindical y fue despedido de El Metro, recibió nuestro apoyo y asesoría.
En el golpe de Estado de 2002 contra el expresidente Chávez dimos asesoría y protección a dirigentes políticos del gobierno perseguidos y solicitamos medidas cautelares a favor del para entonces diputado Tarek William Saab y acompañamos ese mismo día solicitud a favor del expresidente Chávez exigiendo su liberación y respeto a su vida.
Presentamos a las instancias internacionales casos de jubilados del Ministerio de Educación y de la Cantv, esta última con más de 1.000 peticionarios. Logramos a través de un trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se restableciera el derecho a la jubilación de un grupo de jubilados de Viasa. Logramos sentencias a favor de personas sin vivienda o que requerían reubicación, como ocurrió con las familias de Nueva Tacagua. Funcionarios policiales y militares a quienes se les han violado sus derechos han contado con nuestra asesoría. Activistas sociales y políticos pro gobierno son recibidos y atendidos en un ambiente de solidaridad y de compromiso para apoyarlos en sus reclamos de justicia. Sindicalistas, campesinos, educadores, estudiantes, amas de casa han encontrado nuestras puertas abiertas y disposición a ayudarlos. Esa es, según el gobierno, nuestra conspiración. Por eso se nos criminaliza.
Aspiramos que tal como lo hizo la Fiscal General en 2014 las puertas de otras instituciones se abran para nosotros y otras ONG para dialogar.
Siempre hemos estado dispuestos a dialogar y a apoyar lo bueno que haya en derechos humanos. Es del lado del gobierno y otras instituciones donde se cerraron las puertas.
@marinoalvarado
www.derechos.org.ve
La verdad y la justicia se manifiestan tarde o temprano….