El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego de haberse celebrado los días 6 y 7 de noviembre del presente año dos sesiones para examinar los informes periódicos tercero y cuarto que por obligación debía presentar el Estado venezolano ante el Comité, publicó sus observaciones finales, expresando preocupaciones respecto a la situación de los derechos humanos en el país entre 2002 y 2014 e indicando un conjunto de recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Al ser Venezuela un Estado Parte de la Convención Internacional Contra la Tortura está obligada a presentar cada cuatro años informes. Tales informes no se presentaban desde hace ocho años. El Comité expresó preocupación por tan largo retraso.
Además del Estado organizaciones no gubernamentales presentaron informes alternativos transmitiendo al Comité suficiente información responsable y debidamente respaldada, que le permitió tener una idea lo más precisa posible sobre el grado de cumplimiento en el país de la Convención Contra la Tortura.
De esta manera se produjo un diálogo entre los y las integrantes del Comité y la representación del gobierno venezolano, además de la Defensoría y Fiscalía.
Entre los aspectos positivos señalados por el Comité se encuentran: La promulgación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley contra la Tortura); La adopción de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; La aprobación de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998.
Entre las preocupación tenemos: que de 31.096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre 2011 y 2014 tan sólo el 3,10% resultó en acusación por parte del Ministerio Público lo cual refleja altos niveles de impunidad; que se haya producido un número importante de detenciones arbitrarias en el marco de las protestas de febrero-mayo 2014; que una gran parte de los detenidos no fueron informados sobre las razones de la detención, no tuvieron acceso confidencial a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial, y fueron transferidos a varios centros de detención sin comunicar el paradero a sus familiares.
Manifestó su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas en el marco de las manifestaciones ocurridas entre febrero y julio de 2014. Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obtener información, castigar, obtener confesiones y por discriminación de género.
Entre las recomendaciones presentadas por el Comité tenemos: Garantizar que todas las denuncias y los casos de tortura y malos tratos de detenidos sean investigados de forma pronta, exhaustiva e independiente, lo que incluye investigar a los funcionarios que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo dichos actos y no los impidieron ni los denunciaron; Investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todos los ataques de grupos armados pro-gobierno durante las manifestaciones y enjuiciar debidamente a sus autores y a los funcionarios que fueron cómplices o consintieron dichos actos y, de ser declarados culpables, imponerles penas acordes con la gravedad de sus actos.
Asegurar que los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil, tal y como prevé el artículo 332 de la Constitución, y modificar las disposiciones legales, normativas y los planes que autoricen la participación militar en el mantenimiento del orden público, salvo en situaciones extraordinarias, como en estados de emergencia, en las que la capacidad de los cuerpos policiales haya sido sobrepasada; abstenerse de descalificar la labor de los defensores de derechos humanos y a reconocer públicamente el papel esencial de vigilancia que éstos y los periodistas desempeñan en la observancia de las obligaciones dimanantes de la Convención.
La intención del Comité es que mejore la situación de los derechos humanos en el país ojalá el gobierno comprenda que es así y aplique las recomendaciones emanadas.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
www.derechos.org.ve
