La denominada Operación para la Liberación y Protección del Pueblo se ha convertido, para algunos sectores populares, en una versión venezolana de la noche de los cristales rotos, aquella tragedia ocurrida en la Alemania nazi el 09 y 10 de noviembre de 1938 cuando miles de judíos fueron sacados de sus casas para ser sometidos a todo tipo de abusos.
Los testimonios en algunas barriadas del país describen una verdadera tragedia. Policías y militares entran reluciendo armas de alto calibre, con los rostros cubiertos, envalentonados, y sin ninguna orden judicial van casa por casa, destruyendo lo que consiguen a su paso, pero además llevándose a todo aquel que tiene cara de sospechoso. Si la persona es morena y su edad oscila entre los 17 y 35 años ya es catalogado como un posible delincuente.
Las detenciones son masivas, como masivos los hurtos de los bienes de los hogares allanados. Pero más grave aún, la OLP se ha convertido en una masacre continuada. Las denuncias de familiares que sus parientes se los llevaron vivos o que fueron asesinados dentro de sus casas sin haber enfrentado a la fuerza policial se incrementan.
Las ejecuciones policiales no son nuevas en Venezuela. Existieron en los gobiernos de Acción Democrática y de Copei, se produjeron durante el gobierno de Chávez y se realizan en el actual gobierno. Basta recordar, que en el Informe Anual del Ministerio Público de 2006 se afirmó: “Entre el año 2000 y febrero de 2007 el MP registró en el país 6.068 casos de los llamados enfrentamientos o ajusticiamientos”. Es decir, 866 posibles ejecuciones extrajudiciales por año. La Fiscal General afirmó que entre julio y diciembre de 2015 en el marco de operaciones OLP habían ocurrido 245 asesinatos.
Siempre los gobiernos se desmarcaron de esas violaciones al derecho a la vida indicando que se trataba de desviaciones policiales. Con la OLP no. El ministro del Interior, con frecuencia de manera eufórica, sale a dar partes de guerra en la denominada lucha contra el delito. Los gobernadores del estado Aragua y de Carabobo hacen lo mismo. Las cifras de asesinados en los operativos se difunden como si fuera una gran proeza. El valor de la vida, vale poco, la muerte es símbolo de lucha contra el mal. Y todo esto ocurre en un gobierno que se autodefine humanista, al servicio de los pobres.
Bien lo denunció el 24.04.2016 el dirigente político progobierno José Vicente Rangel: en las barriadas hay miedo a la OLP. Los pobres terminaron revictimizados. Asediados, temerosos y víctimas de la delincuencia y asediados y sometidos a la violencia de los cuerpos policiales y la Guardia Nacional.
Pero el abuso policial con la OLP trascendió a lo tradicional: detenciones arbitrarias, malos tratos y ejecuciones. Se destruyó viviendas de los pobres. Nunca antes había ocurrido en Venezuela y no se conoce experiencia similar en América Latina.
Cerca de dos mil familias a lo largo y ancho del país observaron cómo en pocas horas quedaba en el suelo lo que les costó años construir. Se dejó sin ninguna compasión a familias en la calle. No eran ocupaciones recientes. En promedio, las familias habían construido sus casas hace unos diez años. Algunos barrios, como La Ensenada y El Cují en la carretera Panamericana cerca de Caracas habían recibido fondos otorgados a los consejos comunales para mejorar las condiciones físicas del sector.
¿Cómo puede llamarse humanista un gobierno que es capaz de arrasar con una comunidad pobre porque supuestamente en ese lugar opera una banda delictiva?
Pero pese a la tragedia vivida y el sufrimiento que actualmente padecen, esas familias no se intimidaron. Hoy están organizadas en Comité de Víctimas de la OLP. Exigen del Gobierno les indemnice el daño que les causó. Van de institución en institución exponiendo los hechos y reclamando justicia. Ayúdalos en esa lucha por la justicia siguiendo su cuenta tuiter @Victimas_Olp y difundiendo sus reclamos. Son un ejemplo de perseverancia frente al abuso y las dificultades.
@marinoalvarado
