El pasado 20 de febrero una madre acompañada de un niño y una adolescente presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de amparo contra el ministro del interior Gustavo González López. La actuación judicial es en respuesta a una medida inhumana y arbitraria responsabilidad del ministro quien dirigió el desalojo violento de una familia que habitaba un apartamento de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Tanaguarena, estado Vargas. El apartamento en el marco de un operativo policial militar de los llamados Operativos para la Liberación del Pueblo (OLP), fue tomado por Guardias Nacionales junto a policías del estado Vargas. Unos 50 apartamentos sufrieron las mismas consecuencias. El Resultado: familias lanzadas a la calle.
En el caso de la madre y sus tres hijos el argumento para proceder al desalojo fue que el hijo mayor era mala conducta. Así de simple. Un joven trabajador, sin antecedentes penales, a quien no le abrieron ninguna investigación policial porque no había motivo para realizarlo, fue usado como excusa para justificar el desalojo. Les dieron 20 minutos para recoger sus pertenencias las cuales colocaron por unas horas en el pasillo del edificio. Así, sin la más mínima consideración, el 24 de agosto de 2015 la madre fue lanzada a la calle con sus tres hijos y un nieto.
Tras cuatro años viviendo en un refugio, en el año 2013 fue beneficiaria de una vivienda en el estado Vargas. Con los pocos recursos que obtuvo con su trabajo como obrera fue arreglando el apartamento. Una inversión para que sus hijos vivieran mejor. Viajaba todos los días a Caracas porque en esta ciudad trabaja y estudian sus hijos. Un sacrificio de viajar casi dos horas diarias de ida y venida, con la esperanza de mejorar cada vez más sus condiciones de vida. Y de un momento a otro, por una orden arbitraria carente de la más mínima sensibilidad humana se le volvió a dejar en situación de refugiada. Gracias a la solidaridad de un familiar hoy vive en una habitación con todos sus hijos.
Esta madre humilde, decidida a defender sus derechos, no tuvo miedo de demandar a un ministro que cada vez con más prepotencia se ufana de presentar cifras de presuntos delincuentes asesinados y orgullosamente informa al país de las viviendas destruidas o desalojadas.
Omaira del Carmen Ramírez no solo les está dando un ejemplo a sus hijos, sino también al país. Un acto de firmeza frente a los abusos. Una demostración que a pesar de las dificultades y obstáculos en la actual administración de justicia, nunca se debe renunciar a los mecanismos legales y constitucionales existentes para defender los derechos.
Podrá con orgullo decirles a su niño y a su hija ya entrada en la adolescencia, que luchó hasta el final para garantizar que ellos vivieran dignamente. No solo trabajando duro como le toca, sino también oponiéndose con la frente en alto a la arbitrariedad.
La historia de esta madre se repite a lo largo y ancho del país con cientos de familias desalojadas o a quienes se les destruyó las viviendas en los tristemente célebres OLP.
En la carretera Panamericana, a pocos minutos de Caracas, a más de 400 familias se les desalojó y en cuestión de horas se les derribó las viviendas. He conversado con familias que tenían más de 20 años viviendo en ese lugar, con viviendas consolidadas hasta el punto que se desarrollaba un plan de mejoramiento con recursos del Estado. Al igual que Omaira ellos también han decidido luchar. Vienen recorriendo diversas instituciones públicas y privadas denunciando el abuso del cual fueron objeto. Ya pidieron un derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Su caso fue denunciado en la Defensoría del Pueblo y conoce también el Ministerio Público.
Muchos en el país aplauden el Operativo de Liberación del Pueblo porque consideran que es una respuesta adecuada a la creciente delincuencia. Lo que no saben es que en esos operativos el gobierno actúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos: ejecuciones, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, hurto de bienes, destrucción de pertenencias de las familias, destrucción de viviendas, desalojos, todo a nombre de la seguridad. El delito no debe combatirse por parte del Estado actuando como delincuente porque genera más violencia y penuria.
Que se multipliquen las Omairas por todo el país. No basta tener derechos, hay que defenderlos.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
www.derechos.org.ve
