La lucha contra la corrupción es un asunto de derechos humanos.
A más corrupción menos disfrute de los derechos, mayor vulnerabilidad y se fortalecen desviaciones en el ejercicio de la función pública.
Vamos a referirnos a la manera como la corrupción afecta el derecho a la salud.
Son muchas las personas involucradas en estas prácticas y variadas las consecuencias negativas principalmente para los sectores más pobres de la población que acuden de manera mayoritaria a los entes públicos de salud.
La corrupción se produce tanto en altos niveles de gobierno, como en las instancias medias y a nivel de los profesionales diversos de la salud.
Cuando desde el alto gobierno, por ejemplo, se priorizan unas determinadas compras de medicinas aunque el país no las requiera, pero tras ellas hay altas comisiones y negocios con empresas trasnacionales o gobiernos, se afecta la salud de la población, pues dejan de comprarse las medicinas que realmente son necesarias.
Por ejemplo, la Contraloría General de la República estableció en su Informe de Gestión 2010 que se había comprado a un gobierno medicinas en mayor cantidad a las requeridas, buena parte de ellas vencidas.
El resultado final es que tuvieron que ser incineradas miles de toneladas de esas medicinas. Y hasta donde tenemos conocimiento por ese hecho no se establecieron responsabilidades.
No debemos olvidar que el derecho a la salud significa entre otros aspectos asegurar la disponibilidad de medicamentos básicos disponibles en cantidades suficientes y de buena calidad.
La corrupción también se produce cuando grandes empresas transnacionales a través de mecanismos variados sobornan a funcionarios en distinto niveles de la cadena institucional del servicio público de salud para que se compren determinados equipos, se establezcan informes falsos sobre situaciones de salud para favorecer la venta de determinados productos y se elevan a propósito costos para obtener indebidas ganancias.
Cuando empresas de seguros favorecen la facturación ilegal por servicios que nunca se prestaron o no tuvieron el gasto indicado en la factura.
Pero la corrupción también se expresa cuando médicos o enfermeras piden “contribuciones” para poder asignar a un determinado paciente un cupo para una cirugía o para que le den formalmente el ingreso a un servicio particular.
Cuando son sustraídas medicinas para luego venderlas a bajos precios a farmacias o de manera individual a pacientes.
El Ministerio del Poder popular para la Salud y la Contraloría General pueden establecer los antídotos contra esas prácticas.
Difundir la memoria y cuenta del Ministerio para que pueda ser analizada por quien quiera ejercer contraloría social; se deben publicar lo procesos de licitaciones, sus términos y condiciones.
La Contraloría debe hacer seguimiento riguroso a las recomendaciones que realiza para que se implementen y así prevenir la repetición de prácticas. La administración de justicia establecer las sanciones correspondientes.
