La Constitución en su artículo 26 garantiza a todas y todos el derecho a acceder a los órganos de administración de justicia para exigir o defender nuestros derechos. Pero no es suficiente que esté en una norma, es fundamental que se haga realidad. Del dicho al hecho hay mucho trecho dice el refrán popular.
En el día a día del funcionamiento de la administración de justicia en el país se constatan deficiencias e injusticias. Lo primero que debemos indicar es que no hay igualdad de oportunidades. Los excluidos históricos, es decir, los más pobres son los más afectados por tales irregularidades.
Para que esa administración de justicia sirva a las personas es indispensable se cumplan varios requisitos entre ellos los siguientes:
–Celeridad procesal. Aún cuando en algunos tribunales, principalmente en los laborales, con las reformas que se hizo al procedimiento se redujeron los tiempos para llegar hasta una sentencia, en la casi totalidad de los tribunales el retardo es un mal crónico. Esa situación es más grave en materia penal donde cada día de retardo puede costar la vida de un preso.
–Imparcialidad de los jueces y juezas. Una de las debilidades existentes es la politización de la administración de justicia, principalmente cuando las personas demandan a alguna institución del Estado. Se instauró una política donde el derecho pasó a segundo plano y lo que interesa es defender al gobierno y al Estado. No importa si los reclamos son justos, lo que importa es reafirmar el mensaje que si demandas perderás.
–Derecho efectivo a la defensa y al debido proceso. La igualdad procesal no se garantiza. Y en materia penal es aún peor. Los fiscales tienen todas las ventajas recurriendo a veces a prácticas intimidatorias contra los más débiles forzándolos con frecuencia a que se declaren culpables. Se les olvidó además el principio del juzgamiento en libertad y sobre temor provocado al imputado de que irá a parar a uno de los infiernos carcelarios del país, se cometen infinidad de abusos y presiones.
–Investigación imparcial y sanción adecuada. La administración de justicia funciona de una manera tal que hay unos ciudadanos de primera y unos de segunda. A estos últimos se les sanciona y condena. A los primeros, generalmente funcionarios del Estado o particulares, en los llamados delitos de cuello blanco, ni se les investiga ni sanciona. A un pobre con una pequeña dosis de droga o un hurto menor se le encarcela por varios años. A un policía o militar que detiene, tortura y ejecuta a una persona no se le investiga. A un funcionario que se apropia de millones de bolívares, es decir, a un corrupto, tampoco se le investiga. La impunidad es uno de los males arraigados que favorece el incremento de los delitos y la repetición de derechos humanos.
No podemos conformarnos con todas estas irregularidades. La lucha por más y mejor justicia, por menos impunidad y por igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia debe ser parte de la agenda de la lucha social en el país.
