El 14 de octubre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección al Equipo Coordinador de Provea y a mi persona ante la situación de riesgo a la integridad física y vida en un contexto de un discurso de odio de altos funcionarios del Estado venezolano contra los y las defensoras de derechos humanos.
Las Medidas Cautelares que otorga la Comisión junto a las Medidas Provisionales que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen un mecanismo de protección para personas en situación de riesgo inminente incluyendo funcionarios civiles, policiales o militares. Estas personas pueden ser víctimas de violaciones a los derechos, amenazadas por haber realizado la denuncia y solicitar justicia. Puede ser un defensor o defensora de derechos humanos o un colectivo de ellos. Lo pueden ser colectivos de personas de una población determinada, o los presos de una cárcel, o estudiantes de una institución educativa.
La situación de gravedad puede llevar a la Comisión ya sea por solicitud de una persona o una organización o por iniciativa propia, solicitar al Estado donde se esté produciendo el riesgo que adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas. El Estado para cumplir debe implementar mecanismo urgentes y efectivos para evitar el daño se produzca.
Una revisión de algunas de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el año 2015 no da una idea de la importancia que tiene para los derechos humanos que este mecanismo de protección exista y que los Estados cumplan con tales medidas.
El 01 de septiembre la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de integrantes y ex integrantes de un Consejo Parroquial del Municipio Simojovel en Chiapas, México. Por haber denunciado actividades del crimen organizado recibieron amenazas y sufrieron hechos de violencia.
El 28 de julio la CIDH otorgó medidas a favor de tres personas en Haiti quienes por haber fundado una emisora comunitaria y realizar denuncias fueron amenazados por el Alcalde la ciudad donde funciona la emisora.
El 27 de julio de 2015 dictó medidas cautelares a favor de un funcionario policial con rango de Sub Inspector en Honduras quien habría participado en un operativo relacionado con un operativo antidrogas y en consecuencia amenazado de muerte.
El 30 de abril los pueblos indígenas Teribe y Bribri en Costa Rica fueron objeto de medida de protección quienes han recibido amenazas como consecuencia de la lucha que desarrollan para recuperar sus tierras.
Como bien puede constatarse la Comisión ha otorgado medidas en otros países. En lo que va de año hasta mediados de octubre ha otorgado 34 medidas cautelares favoreciendo entre otros a líderes sociales, activistas de derechos humanos, dos pueblos indígenas y un funcionario policial en doce países distintos.
La historia de la Comisión está llena de casos donde su actuación oportuna ha permitido salvar vidas o evitar daños a individuos y colectivos. Hay Estados que han cumplido de manera muy adecuada las medidas y junto a los beneficiarios han establecido mecanismo para hacer efectiva la protección. En otros casos los Estados no cumplen como ocurrió, por ejemplo, este mismo mes cuando Estados Unidos aplicó la pena de muerte contra un ciudadano salvadoreño a pesar de las medidas cautelares que había dictado la CIDH para que dicha pena no se ejecutara.
En el caso de Venezuela ya veremos cuál es la voluntad política del Estado venezolano para cumplir la protección ordenada a favor de Provea. La experiencia reciente indica que no hay muchas esperanzas pues viene incumpliendo otras medidas otorgadas a varias personas en el país. Ojalá empiecen a rectificar y adopten a favor de todos los beneficiarios las medidas correspondientes.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
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