Todo contra las ONG principalmente las que promueven y defienden los derechos humanos. Ese parece ser el lema que guía a un sector importante de funcionarios y políticos que mantienen hoy el control de las principales instituciones del Estado. No les basta el discurso de odio que mantienen buscando que un sector de la población rechace y hasta enfrente a las organizaciones. Los y las activistas de derechos humanos les incomodamos. Incomoda que no nos intimidemos pese a sus amenazas y ataques; que acompañemos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos para que exijan justicia; que tengamos en un sector importante del pueblo venezolano credibilidad en la labor que realizamos así como en el escenario internacional.
El autoritarismo y la arrogancia con las que gobiernan no les permiten tolerar organizaciones de la sociedad civil con criterio independiente, realizando contraloría social y presentando propuestas para construir un mejor país.
Han invertido enormes recursos para intentar desprestigiarnos. No lo han logrado. Usan y abusan de los medios de información públicos para difundir calumnias y mentiras, aun así seguimos sintiendo el apoyo y la solidaridad de la comunidad sobre todos de los más pobres que son nuestros principales beneficiarios.
En ese empeño de atacar a organizaciones y activistas, ahora pretenden promulgar en la Asamblea Nacional una ley para imponer más obstáculos al trabajo de la comunidad organizada en distintas expresiones. Conocimos esta semana un proyecto para reformar la Ley de Cooperación Internacional que pretende someter a organizaciones ya debidamente registradas a un nuevo registro. Si el problema fuera solo de realizar nuevos trámites seria relativamente sencillo, el asunto es que esa obligación estará sometida a intenciones políticas de impedir el funcionamiento de algunas organizaciones.
Por otra parte, el proyecto establece una serie de sanciones para las organizaciones con criterios tan genéricos como realizar actividades incompatibles a las establecidas por el órgano rector de cooperación internacional o atentar contra la seguridad interna o externa del Estado. Un gobierno alérgico a la supervisión de los órganos internacionales de derechos humanos podrá afirmar que cuando las víctimas denuncien las violaciones a sus derechos se está atentando contra la seguridad nacional.
Se pretende engañar a la población afirmando que las organizaciones rehúyen a la supervisión. Ese argumento no es cierto. En Venezuela, existen normas que obligan a efectuar el registro de los estatutos asimismo deben cumplir los deberes tributarios respectivos, tales como el llevar actualizados registros, libros, soportes y declaraciones de impuestos nacionales y municipales igualmente están sujetas al cumplimiento de numerosas obligaciones laborales; a las regulaciones de control de cambio para la recepción de divisas provenientes de la cooperación internacional y para la obtención de autorizaciones de compra de divisas. Como consecuencia de ello, las ONGs en Venezuela se encuentran ya en la actualidad sujetas a la inspección y vigilancia de autoridades administrativas tales como el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), el Instituto Nacional de Seguros Sociales, las Inspectorías del Trabajo, las Superintendencias de impuestos municipales, y la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), entre otras. Sin perjuicio de esto, como personas jurídicas las ONGs deben igualmente responder ante las autoridades judiciales de ser necesario.
Todos esos controles a quienes hoy dirigen el Estado no le es suficiente. El discurso de la democracia participativa les quedó grande. Quieren organizaciones sumisas, las independientes hay que acabarlas a como dé lugar. Fracasarán.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
