El empeño del gobierno nacional de imponer el Plan de la Patria es una estrategia equivocada. Podrá ser un plan, pero no de la patria, sino se logran consensos fundamentales que permitan sumar voluntades para pensar, definir y ejecutar un plan nacional de desarrollo.
Más errada es esa estrategia si por medios fraudulentos se le pretende dar el carácter de ley de la República. La Constitución es muy precisa en cuanto a los procedimientos para decretar una ley a través de la Asamblea Nacional.
Quien revise la Gaceta Oficial donde fue publicada puede constatar que ni siquiera cumple con un requisito muy formal pero obligatorio por mandato constitucional que es lo indicado en el artículo 212 “Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: «La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, decreta”.
Pero tampoco cumple los requisitos establecidos en los artículos 207, 208 y 2011. Por lo tanto es un acto nulo, sin validez jurídica como ley de conformidad con el artículo 25 de la Constitución.
La Asamblea Nacional según el artículo 187 numeral 8 si tenía la facultad de aprobar los lineamientos generales, pero no en forma de ley como pretende imponerse.
Es una manera de colaboración entre los Poderes y de control entre los Poderes Públicos cuando la Constitución dice que el Ejecutivo lo presenta y la Asamblea lo aprueba, le da el visto bueno.
Es un acto del parlamento sin fuerza de ley. Es parte del funcionamiento institucional del Estado dentro de un concepto general de división, por lo menos formal, de poderes, porque sabemos que en Venezuela no existe en la realidad esa división.
Pretender chantajear a alcaldes y gobernadores de que solo se dialogará si se asume el Plan de la Patria como obligatorio, además de inconstitucional lo que expresa es el creciente autoritarismo del gobierno.
El diálogo es una herramienta básica en cualquier gestión de gobierno. Es además esencial para dar cumplimiento al mandato constitucional que establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que reconoce como parte esencial de su existencia el pluralismo político. Ese reconocimiento de la Constitución al pluralismo está reforzado además por la voluntad popular que elección tras elección reafirma que el país es multicolor en términos de opinión política
En lugar de estar amenazando y diseñando medidas para imponer una visión de país, de sus problemas y de sus soluciones, el gobierno debió haber promovido una amplia consulta y un debate democrático del contenido del plan.
Mientras el camino que se escoja para gobernar sea el autoritarismo, insistir que hay un enemigo interno a derrotar y se cierren espacios de diálogo, la familia venezolana será la más afectada. Se le podrá distraer con medidas efectistas transitorias, pero los problemas estructurales que padece el pueblo venezolano solo se superan sumando voluntades, no excluyendo.
