La manera como el Ejecutivo Nacional y otros funcionarios del Estado dieron respuesta al conflicto desarrollado por los trabajadores y trabajadoras de Sidor debe ser motivo de preocupación. Es un anuncio de los tiempos por venir difíciles para dirigentes sindicales que decidan confrontar al patrono-Estado en la defensa de los derechos laborales.
El uso arbitrario del poder para acallar la voz de justos reclamos y pretender intimidar al movimiento laboral caracterizó el comportamiento del gobierno. Un manejo nada democrático, condenable aún más, si consideramos se autodenomina obrerista.
La convención colectiva es un derecho constitucional por lo tanto los y las trabajadoras no pedían más que lo que por mandato constitucional les correspondía.
El derecho a la huelga es un derecho constitucional, así que la paralización de las labores para exigir derechos era el ejercicio protagónico de una forma legal de reclamar.
La movilización de calle pacífica y sin armas es otro derecho constitucional y finalmente, organizarse en sindicatos y ejercer la libertad sindical es una manera permitida de reivindicar intereses laborales. Es decir, todo lo que los y las trabajadoras de Sidor realizaron se desarrolló en el marco de la legalidad. Los ilegales fueron otros. El Alto gobierno.
Desde Provea venimos denunciando que el gobierno del presidente Nicolás Maduro asume en su manera de gobernar cada vez más la doctrina de la Seguridad Nacional.
Ella parte entre otros criterios de considerar como enemigo interno todo lo que pueda parecer disidencia. Y contra ese enemigo interno hay que desplegar toda la capacidad del Estado para intimidar, perseguir y derrotar.
Esa doctrina incluye movilizar sectores de la población afines al gobierno para que junto a los cuerpos armados del Estado ayuden a la represión. Ya se evidenció con bastante nitidez en las protestas de febrero a mayo activando a grupos armados civiles.
En ese contexto es perfectamente comprensible la actitud asumida por la Central Socialista de Trabajadores que amenazó con enviar una brigada para contrarrestar a los huelguistas. Ese papel de esquiroles no se llegó a concretar pero el precedente queda ahí y debe tomarse en cuenta porque puede marcar el comportamiento de esta organización sindical pro-gobierno en conflictos obreros próximos.
Vienen tiempos difíciles para el sector laboral del país. Poco a poco el gobierno implementa un paquete económico muy similar al que aplicó el ex presidente Carlos Andrés Pérez en 1988. Un paquete antipopular y anti-obrero. El salario real de la familia venezolana se seguirá deteriorando. Lo que vienen son aumentos en servicios públicos, alimentos, y otros productos de primera necesidad.
Dentro de poco posiblemente se empezará un proceso de reducción de personal en el sector público y con ello no solo aumentará el desempleo sino también la conflictividad social. En esa realidad hay que recordar que durante cinco años consecutivos los y las trabajadoras del país han encabezado las protestas. Más del 30% de las realizadas en el último lustro son de naturaleza laboral. La protesta no cesará porque cada vez hay más motivos para que ese sector continúe en la calle.
Si la política del gobierno será como la que aplicó en Sidor, es decir, recurrir a la represión, nos esperan meses muy difíciles. Ojalá el gobierno aprenda la lección. Toda la fuerza del Estado no intimidó a los trabajadores de esa empresa metalúrgica.
A la represión respondieron con unidad y movilización y se activó la solidaridad de trabajadores de otras empresas. Si al descontento popular y laboral el gobierno continúa respondiendo con bombas, perdigones y balas será el responsable de mayores niveles de polarización y conflicto en el país.
@marinoalvarado
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