El pasado 12 de junio la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. Un paso importante para combatir una de las violaciones más graves a los derechos humanos. En Venezuela durante décadas la mayoría de los organismos policiales han practicado la tortura. Casi todos los años en los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela se reporta la muerte de alguna persona como consecuencia de torturas: batazos en el cuerpo mientras la persona es envuelta en un delgado colchón; electricidad en distintas partes del cuerpo; meter la cabeza del detenido en una poceta llena de excrementos, son algunas de la variedad de torturas que se aplican.
La tortura se institucionalizó en los organismos policiales porque fue promovida y tolerada en los altos mandos policiales. Se enseñó a maltratar al detenido. Se consideró normal causar daño a la persona desde el momento mismo de la detención y la mejor forma de obtener información. En los años más recientes el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se convirtió en el organismo que más la usó. Por eso una restructuración profunda de dicho cuerpo policial tiene que empezar por eliminar la tortura como práctica.
El pasado 12 de junio la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. Un paso importante para combatir una de las violaciones más graves a los derechos humanos
Ojalá exista la voluntad política en los parlamentarios de las distintas representaciones para que finalmente se promulgue la Ley. Pero antes debe ser sometida a una real consulta con todas las personas interesadas en aportar. Son muchas las individualidades y organizaciones que pueden contribuir a redactar un texto de avanzada que se corresponda con los mandatos de la Constitución.
En el marco del interesante proceso de reforma policial que se adelanta en el país es fundamental empezar a sancionar a todo funcionario o funcionaria que perpetre malos tratos y tortura a cualquier detenido. La impunidad es uno de los aspectos que más contribuye para que los funcionarios se sientan en libertad de actuar violentando la dignidad humana.
Es importante que además de la Ley, la Asamblea Nacional ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura. Igualmente tipificar como delitos en el Código Penal tanto la tortura como la amenaza a víctimas y testigos.
El Estado venezolano debe aplicar las recomendaciones del Relator de Naciones Unidas sobre Tortura, así como las emanadas del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El detenido sometido a tortura no sólo sufre daños físicos sino también psicológicos por eso es fundamental crear centros de rehabilitación física y psicológica para las víctimas en distintos estados del país. Ello debe ir acompañado de un fondo que permita indemnizar a la persona que sufre el daño que a veces trasciende a la familia. Por ello las víctimas y sus familiares deben recibir ayuda del Estado para su total recuperación.
La Asamblea Nacional tiene la última palabra. Diputados y diputadas tienen la oportunidad de dar un aporte fundamental a la lucha contra la impunidad en el país.
