Hace menos de un mes el pueblo indígena Yanomami ocupó la atención de muchos sectores políticos y sociales. Además fue noticia destacada en medios de comunicación públicos y privados. Organizaciones indígenas denunciaron una nueva presunta masacre contra esta comunidad. Inmediatamente, se levantaron voces de solidaridad incluyéndonos exigiendo se investigarán los hechos.
El Ministerio Público y el Ejecutivo Nacional actuaron afortunadamente de manera inmediata. Días después se le anunció a la población venezolana que no existió masacre. Ello en principio es una muy buena noticia, sin embargo, estamos obligados a atenuarla, pues desde algunas voces indígenas se insiste en que las autoridades no dieron con el lugar de los hechos.
A mediados de 1993, en un sector del Edo. Amazonas conocido como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinados por mineros brasileños que ingresaron ilegalmente. Entre las personas asesinadas se encontraban varios niños y niñas. No fue fácil obtener la información en ese momento y contrarrestar las voces que desde el gobierno de turno y sectores privados negaban la masacre. Pero la verdad se impuso y desde Brasil empezaron a surgir evidencias irrefutables que obligaron al Estado venezolano a admitir que la masacre ocurrió. Sin embargo, el Ministerio Público venezolano en su momento nunca investigó. Lo contrario ocurrió en Brasil donde el Estado investigó la masacre y sancionó a los responsables. Luego de un largo y difícil proceso judicial que culminó en el 03 de noviembre 2009, cinco responsables de la masacre fueron condenados a 20 años de prisión.
Tanto el Estado venezolano como el Estado Brasileño habían sido demandados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL, Human Rights Watch/Americas, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos – PROVEA, y Oficina del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho.
El caso Haximú en Venezuela tuvo un resultado concreto: el 10 de octubre de 1999, es decir, durante el gobierno del presidente Chávez se suscribió un Acuerdo Amistoso mediante el cual el Estado venezolano se comprometió entre otras cosas a “promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami”.
Este Plan Conjunto nunca se estableció. La consecuencia es que a casi 20 años de aquella masacre la minería ilegal sigue siendo uno de los riesgos permanentes que perturban la vida no solo de los Yanomami sino de otros pueblos indígenas en el estado Amazonas y en el estado Bolívar.
No es suficiente por parte del gobierno decir por lo tanto que no hubo masacre en el sector llamado Irotatheri.
Es fundamental que cumpla el Acuerdo Amistoso y adopte medidas adecuadas inmediatas para atender y proteger de manera integral a los Yanomami. (Marino Alvarado, 20.09.12)
