Este 29 de octubre se cumplieron 22 años del asesinato de 14 humildes pescadores del estado Apure perpetrado por fuerzas policiales y militares del Estado, en un caso conocido como «La Masacre de El Amparo» y que pasó a la historia como una de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país en la década de los ochenta.
La verdad se descubrió al poco tiempo: el crimen se ejecutó para aparentar éxitos en la lucha antisubversiva. Contribuyó a desmontar la mentira el hecho de que sobrevivieran los pescadores José Augusto Arias y Wolmer Pinilla; que varios medios de comunicación no oficiales publicaran audaces trabajos de investigación; que una investigación realizada por el Parlamento reafirmara que se actuó con premeditación y alevosía; y principalmente, el desarrollo de una amplia e intensa protesta social exigiendo justicia. Aquella mañana fueron asesinados José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.
El 20 de agosto de 2008, a pocos días de recordarse el vigésimo aniversario de la masacre, los dos testigos sobrevivientes, acompañados de Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, solicitaron en Fiscalía la reapertura del caso en la jurisdicción ordinaria.
La Fiscalía, año y medio después, informó que habían sido designadas la fiscalía 62º a nivel nacional con competencia plena, la fiscalía 83º de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el fiscal para el régimen procesal transitorio del estado Táchira. Sin embargo, al revisar la Memoria y Cuenta 2009 del Ministerio Público, se puede constatar que se realizaron actuaciones diversas para investigar la masacre de Yumare y Cantaura, pero no hay una sola referencia sobre la masacre de El Amparo.
Es muy positivo que se avance en las investigaciones de los crímenes de Yumare y Cantaura, una deuda que se tiene con los familiares y el país. Pero resulta inaceptable que no se realice ningún esfuerzo para investigar la masacre de El Amparo, que no se reciban a los dos sobrevivientes ni se tenga igual atención con los familiares de las víctimas, generando así una discriminación judicial inadmisible.
El Estado venezolano tiene el deber de cumplir la sentencia sobre el caso realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual el Estado tiene la obligación de enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho. La Asamblea Nacional debe divulgar la investigación anunciada por la Comisión Especial para Investigar los Asesinatos y Desapariciones en los años 60, 70 y 80, y sobre las diferentes masacres ocurridas en el pasado.
Es una obligación ética y legal cesar la discriminación a los familiares de las víctimas de la masacre de El Amparo, adelantar con celeridad las investigaciones, y establecer las responsabilidades y sanciones a los autores intelectuales, materiales y cómplices.
