El Informe 2010 presentado por el Contralor General de la República da certeza a lo que ya era comentario entre el personal del sector público de salud: La existencia de irregularidades en la compra y distribución de medicamentos.
Es muy preciso en determinar dichas irregularidades que comprometieron millones de bolívares del erario público y la pérdida de una gran cantidad de medicinas que terminaron en la basura.
Es un crimen que con tantas necesidades de familias pobres de recibir medicamentos y de centros de salud de ser abastecidos, se hayan perdido toneladas de medicinas.
Afirma la Contraloría que los procesos relacionados con la planificación, adquisición, almacenamiento y distribución de los productos farmacéuticos, llevados a cabo por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) durante el período comprendido entre los años 2005 y el 1er. semestre 2010 se efectuaron sin ningún tipo de planificación.
En consecuencia se compraron medicamentos no requeridos por los centros de salud a nivel nacional, otros cuyas existencias no justificaban nuevos pedidos y otros con fecha de vencimiento fuera del standard permitido, además de incumplimiento de los plazos de entrega fijados en los contratos.
Agrega que se produjo un almacenamiento inadecuado de los productos, falta de oportunidad en la distribución de los mismos, dando lugar a incineraciones de volúmenes considerables de medicinas.
Se deducen del Informe que se produjo muchas de las irregularidades que también se presentaron en la compra de alimentos y que arrojó como saldo que se deterioraran miles de toneladas afectándose el derecho a la alimentación de las familias venezolanas.
El hecho de que en menos de 12 meses se hayan denunciado graves irregularidades en la compra, almacenamiento y distribución de productos esenciales para la vida de los venezolanos debería llevar a distintos entes del Estado a adoptar medidas adecuadas para impedir que tales situaciones se repitan. Una de ellas es castigar a los responsables.
La impunidad favorece que se repitan las irregularidades.
Tiene la Fiscal General de la República suficiente información para iniciar una investigación que conduzca a determinar responsabilidades y establecer sanciones. Lo mismo el Contralor General.
No debemos permitir que este caso y el de PDVAL queden impunes. Generalmente los hechos donde se violan derechos sociales no se investigan y sancionan. Es hora de dar un primer paso.
En su Informe la Contraloría establece cinco recomendaciones muy adecuadas. La ministra de Salud debería hacer del conocimiento público cuál es el conjunto de medidas concretas que se adoptarán para dar cumplimiento a las recomendaciones.
La Asamblea Nacional, por su parte, debería interpelar al Contralor para que explique cuáles son las medidas siguientes una vez que se detectaron tantas irregularidades.
Todos y todas deberíamos realizar una efectiva contraloría social en este caso.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
Fuente: Tal Cual 15.04.2011
