Cuando se conoció el asesinato Spear-Berry las reacciones de ciertos sectores oficialistas fue la que no se politizara el hecho, y alguno llegó a decir que había que alejarlo del ámbito político.
Es imposible alejar el tema de la violencia del ámbito político, porque tal como diría la socióloga Verónica Zubillaga el problema de la violencia exige respuestas colectivas y políticas, en la exigencia a las autoridades de respuestas efectivas ante este flagelo.
Pero ¿por qué tendríamos que hacer estas exigencias a las autoridades? Porque los derechos humanos se afirman frente al poder público.
Esto significa que los gobiernos tienen la obligación de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos. En el caso específico del derecho a la vida éste pertenece al grupo de derechos civiles y políticos que toda persona tiene sin distinción de ningún tipo.
La vigencia de estos derechos depende de la existencia de un orden jurídico que los reconozca y los garantice. En este sentido, el Estado venezolano está obligado no sólo a respetar el derecho a la vida, sino también a garantizarlo.
La garantía implica que existan medidas para asegurar la reparación de los daños causados, la investigación seria de los hechos para establecer la verdad, identificar los culpables y aplicar las sanciones correspondientes.
En la caso de los culpables del asesinato Spear-Berry las autoridades admitieron que era una banda que se había desarticulado varias veces. Si tu eres el Estado debes desarticular la banda una sola vez.
El desorden y la gran impunidad reinante en el país favorece a este tipo de crímenes, y evidencia el no cumplimiento por parte del Estado venezolano de su obligación de garantizar el derecho a la vida.
Por esto es necesario politizar el problema de la violencia y hacer exigencias para que en Venezuela exista un sistema jurídico que asegure la efectividad y el goce del derecho a la vida de todos los ciudadanos. Que cesen las violaciones a los derechos humanos en las cárceles venezolanas y los ajusticiamientos por parte de funcionarios policiales.
