En los años 90 hubo toda una discusión sobre la minería ilegal en la cuenca del río Caroní dado que la sedimentación producto de esa actividad estaba afectando severamente el funcionamiento de la represa del Guri. A finales de dicha década se propuso incluso el trasvase del río Caura al río Paragua, lo que produjo una alarma a nivel nacional por las severas consecuencias que un plan de ese tipo tendría en las comunidades indígenas y en la biodiversidad de la región. Afortunadamente dicho plan fue descartado y surgió la auto-demarcación de la Cuenca del Río Caura como hábitat de comunidades indígenas a fin de garantizar tanto la protección del medio ambiente como el reconocimiento y protección a las culturas autóctonas que allí viven. Este proyecto sirvió de inspiración para la realización de auto-demarcaciones a nivel nacional y el reconocimiento territorial indígena en la Constitución del 99.
En el año 2006, una invasión minera incontrolada originó protestas y acciones a nivel nacional que llevaron a su control intermitente. Sin embargo, a pesar de las acciones indígenas, de los aliados y del gobierno hasta el 2011, para controlar dicha actividad, ha sido imposible erradicarla.
Nosotros, que hemos trabajado en el Caura desde finales de los ochentas, hemos visto desde la incursión minera una cambio radical en la organización social ye’kwana y la contaminación de un ambiente otrora prístino. En la actualidad, las relaciones de reciprocidad que mediaban los intercambios han sido sustituidos por el dinero, ahora se compra —no se comparte o regala—, ahora hay trata de personas, se oprime y se prostituye, ahora no se puede tomar agua del río, ahora no se puede consumir el pez aymara ni otros peces, ahora animales lejos de la mina están contaminados, ahora nacen muchos niños con malformaciones y otros mueren durante el embarazo o al nacer, ahora los jefes y los Consejos de Ancianos no son respetados pues vale más el que tiene dinero o lo que deciden los Consejos Comunales; ahora las comunidades pelean y se dividen entre las que quieren y las que no quieren la minería, ahora no hay tranquilidad en la zona pues está invadida por personas extrañas nacionales y extranjeras, que dan miedo y que meten miedo, ahora la mayoría de los ye’kwana y sanema (según estudio de la UDO) tienen 40 veces más mercurio en pelo que lo máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud, ahora hay uno o dos suicidios mensuales de jóvenes.
Un especialista nos dijo que si se parara totalmente la minería en la cuenca del Caura en este momento, se tardaría por lo menos treinta años para su recuperación. Un grupo de profesionales vinculados con la región, conjuntamente con la organización Kuyujani nos dirigimos al Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar y nos reunimos con su directiva el año pasado, la cual se mostró alarmada por esta situación y comprometida a buscar solución. A pesar de las buenas intenciones aún no se ha hecho nada.
Al contrario, vemos con horror la aparición de este proyecto de Arco Minero y la posterior creación de una Comisión en la cual se insta a los indígenas a hacer minería asumiendo su protección en la realización de esta actividad.
El Arco Minero comprende tanto la margen derecha como la margen izquierda del Orinoco y va desde el río Apure (tierra de los Pumé) pasando por Palital (zona Kari’ña frente a Ciudad Guayana) hasta el límite con el Estado Delta Amacuro en Barrancas (Zona Warao) por la margen izquierda; y luego entra hacia la margen derecha del Orinoco, hacia el Cuyuni (zona Arawak, pemón y kari’ña), a la zona de influencia del Parque Nacional Canaima (Pemón), al río Paragua (afluente del Caroní – Pemón, Sapé, y tierra de los últimos Uruak y Arutani) y luego cae al Aro (zona Kari’ña) desde donde avanza hacia la cuenca del Caura (zona ye’kwana, sanema), la traviesa y sigue hacia el Monumento Natural Sierra de Maigualida (zona Hoti) hacia el Cuchivero (zona Eñe’pa-Panare) y va hacia el Parguaza (zona Wanai –Mapoyo, Piaroa) de donde regresa al punto original en donde también hay ocupación estacional Hiwi. Después de la experiencia del Caura, y de los efectos documentados de la extracción minera en las zonas indígenas, nos preguntamos si lo que realmente producirá este proyecto no es la desaparición masiva de los pueblos indígenas de la región, su aún más acelerado etnocidio, y la intervención de áreas protegidas de larga data como el Parque Nacional Canaima, Monumento Ichún-Guanacoco, Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, Reservas Forestales de la Paragua y del Caura, Monumento Natural Sierra de Maigualida, así como la sedimentación y contaminación masiva del embalse del Guri, todas ABRAE (Áreas Bajo Régimen de Administración Especial) dentro del Arco Minero.
Algunos indígenas (no todos) podrán ponerse de parte de los intereses del Gobierno, eso se entiende después de una política (que como bien ha señalado el Dr. Aguilar en este foro) ha co-optado a la mayoría de la dirigencia indígena. Los indígenas tienen sus propias voces, tienen derecho a fijar su posición a favor o en contra, y también tienen derecho a equivocarse. Pero nosotros, los que les hemos acompañado en sus luchas, los que hemos reflexionado sobre ellos, los que entendemos el valor de la diversidad cultural, no podemos quedarnos mudos, ni podemos —como dijo El Libertador en Angostura— ser instrumento ciego de su propia destrucción. Nosotros tenemos la obligación de hacer escuchar nuestra voz de protesta y de alarma frente a un proyecto etnocida que conllevará la destrucción del legado en oxígeno, agua, bosques, biodiversidad y patrimonio cultural de ellos y de todos nosotros.
Lee también en Contrapunteo ambiental: La ecología legislativa | El agua, un recurso indispensable | ¿Es el puma una amenaza, o una oportunidad de conservación? | Las micorrizas: aliadas invisibles de la agricultura |
