Según datos de Unicef actualmente existen más de 30.000 Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) vinculados a grupos armados alrededor del mundo y 54 grupos armados estatales y no estatales que cometen graves violaciones en contra de ellos. Esto ha motivado la promulgación de normas a nivel internacional dirigidas a proteger a las personas menores de 18 años de tales situaciones y formular recomendaciones a los Estados para ofrecer respuestas efectivas que prevengan la ocurrencia de estos hechos. Por ejemplo, en el plano internacional se destacan algunos tratados como la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos relativos a la participación de infantes en los conflictos armados, a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de estos en la pornografía, creados por el Comité de los Derechos del Niño que establecen prohibiciones y obligaciones de los Estados para prevenir y atender las diversas situaciones a las que están expuestos. Venezuela ratificó en el 2003 el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño y, asimismo, ratificó otros tratados que impiden la incorporación de NNA a grupos armados. Algunos de estos son los Protocolos Adicionales de los Convenios de Ginebra, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Convenios 138 y 182 de la OIT.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, en los últimos años se han repetido las denuncias que afirman que en Venezuela menores de 18 años han sido incorporados a diferentes organizaciones armadas. Grupos religiosos y organizaciones de derechos humanos que trabajan en zonas de frontera han señalado que en diferentes poblados del país existe reclutamiento forzoso de NNA. En el año 2007 el Informe “Conflicto Armado en Colombia. Fronteras: La infancia en el límite”, elaborado por la Coalición para Detener el Uso de Niños Soldados afirmó: “En abril de 2005, investigadores de la coalición regional para acabar con la utilización de niños y niñas como soldados recogieron testimonios de varios casos de vinculación y reclutamiento de niños venezolanos de 12 a 18 años por parte de grupos armados de oposición colombianos”. Además “Las denuncias indican que las Fuerzas Bolivarianas de Liberación tienen prácticas de reclutamiento de menores de 18 años muy agresivas, incluyendo el reclutamiento de menores de 12 años (…) Un sacerdote de Guasdualito denunció dos casos de reclutamiento, uno de un joven de 16 ó 17 años de edad y otro de un niño de 12 ó 13, por las FBL. Sergio, de 16 años de edad, contó que las FBL habían intentado llevarse un amigo suyo de 17 años: “eso fue hace un mes que pasó. No se fue con ellos. Huyó, pues”. El informe, que debería haber generado la alerta tanto de las autoridades como de toda la sociedad finaliza: “Los niños, niñas y jóvenes vinculados a los grupos armados que tienen presencia en la zona son entrenados y empleados como combatientes, entre otras tareas, incluyendo el reclutamiento de personas de edades similares a la suya en centros educativos”. Similares denuncias se registran para organizaciones paramilitares como las Águilas Negras colombianas, aunque muchos de los señalamientos afirman que los menores de edad son utilizados para la realización de delitos comunes.
Esta situación, que se mantiene hasta el día de hoy, es invisibilizada por una serie de razones. Entre ellas, el miedo y la fuerte influencia de los grupos armados en la zona. Por su parte, las organizaciones sociales que trabajan con desplazados y comunidades rurales de frontera, optan por el cabildeo institucional y la diplomacia antes que una denuncia pública que pueda poner en peligro la vida tanto de sus beneficiarios y beneficiarias como a sus propios integrantes.
Si bien la difusión de las imágenes de las niñas y niños armados en una parroquia del oeste de Caracas ha puesto el tema en la opinión pública, las situaciones graves -de las que no se están hablando- ocurren a kilómetros de ahí. En el caso caraqueño es una secuela del fetichismo de la insurgencia armada, convertida en ideología de Estado, como lo demuestran otras fotografías anteriores, en las que un grupo de niños, niñas y adolescentes, vestidos de guerrilleritos, eran juramentados por Jacqueline Faría, jefa de gobierno del Distrito Capital, para repetir y difundir mensajes de propaganda institucional. También, es un daño colateral de la tolerancia, cuando no apoyo, gubernamental con grupos irregulares y paramilitares.
Un reto sin asumir por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme es, precisamente, la fiscalización de estos grupos, los cuales dicen identificarse con el presidente Chávez, a diferencia del resto del mundo en donde los grupos armados insurgen en contra del gobierno establecido. La Comisión, para emitir un mensaje de confianza a la población sobre sus intenciones, debe establecer con claridad cuáles serán las políticas hacia estas organizaciones. Solo así las imágenes de niñas y niños soldados venezolanos pasarán a ser historia.
(*) Coordinador de investigación de Provea
