Desde hace varios años venimos denunciando la incoherencia del gobierno, quien en el discurso reivindica el protagonismo de las organizaciones sociales y las personas, pero en la realidad coloca obstáculos para que ese protagonismo se ejerza cuando es crítico a la gestión gubernamental.
Se perturba el ejercicio de la libertad sindical cuando se usa para reivindicar los derechos laborales.
Se criminaliza el derecho a exigir derechos de comunidades organizadas que toman las calles para reclamar mejores servicios públicos o se cumplan las promesas en materia de vivienda y salud.
Se descalifica las movilizaciones estudiantiles cuando denuncian el cerco presupuestario a las universidades autónomas.
El único protagonismo que acepta el gobierno es el de las organizaciones y personas que toman las calles para respaldar su gestión. El otro protagonismo, aunque sea de sectores pobres, es desestabilizador.
La acción protagónica de las organizaciones críticas a la gestión del gobierno, por más legal y pacífica que sea su actuación, inmediatamente es descalificada. La democracia participativa lo es siempre y cuando sea para avalar al gobierno y sus dirigentes. Sin duda es una forma muy particular de promover y garantizar la democracia.
En esa perspectiva hay otro aspecto a agregar: al gobierno le incomodan las organizaciones no gubernamentales críticas. La acción de las ONG a lo largo y ancho del país favorece de múltiples formas a diversos sectores de la sociedad, sobre todo a los más excluidos. Eso poco le importa.
Que una ONG de derechos humanos apoye a víctimas de violaciones de los derechos, ya sea porque sufrieron abuso policial o le prestaron inadecuada atención en un servicio público de salud, le resulta inaceptable si ello implica colocar en evidencia el déficit existente en la garantía de los derechos.
Que una organización de desarrollo capacite a cientos de mujeres excluidas para que adquieran herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida, le incomoda si esa acción no va acompañada de adulaciones al gobierno.
Que una organización juvenil promueva el deporte y la cultura como política preventiva frente al delito, le desagrada, si esa misma organización denuncia a su vez la inseguridad existente.
Que esas organizaciones se coordinen y actúen para lograr un mayor impacto en su apoyo a los más excluidos, le irrita. Por eso en sus planes está reducirlas a su mínima expresión.
Para avanzar en su propósito se vale de la estructura del Estado sobre la cual ejerce control político. El paso inmediato será promulgar de manera apresurada una ley que obstaculice aún más la labor de las ONG, les dificulte obtener financiamiento y las someta a mayores controles. Si como consecuencia de ello muchos sectores pobres se quedan sin el apoyo y capacitación que recibían, no importa, eso es secundario.
Lo primordial es debilitar las posiciones críticas, sacar del camino las ONG que le resulten incomodas, aun a costa de favorecer la exclusión y desproteger a las víctimas.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
