Por diferentes razones Venezuela ha mantenido, durante varios años, la tasa inflacionaria más alta de la región, ubicándose alrededor del 30% anual. Las consecuencias económicas son de diferente orden, sin embargo queremos realizar un acercamiento al fenómeno desde una perspectiva de defensa y promoción de los derechos humanos. Aun cuando pareciera que la inflación es una situación que pertenece al ámbito de las ciencias duras, el disfrute de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, no pueden sustraerse de esta realidad que afecta a todos los seres humanos.
Para reflexionar al respecto citaremos el estudio del profesor de pensamiento económico mexicano Alonso Díaz Etienne, “La inflación y los derechos humanos”. El académico establece como las principales características económicas y efectos negativos de la inflación los siguientes:
– Disminución del bienestar general, a causa de sus efectos negativos sobre la asignación y el crecimiento.
– Polarización del ingreso y la riqueza de los diferentes grupos sociales, afectando mayoritariamente a los más débiles, con menor capacidad para realizar reajustes debido a la posesión de patrimonios limitados.
– Constituyen una suerte de “expropiación disfrazada” a los poseedores de dinero en efectivo, convirtiéndose es un gravamen especial y particularmente injusto, porque es aplicado al activo más común entre las clases más desfavorecidas.
– Reafirman estructuras ineficientes de producción, facilitando monopolios y evitando la competencia, así como perpetúan la injusta distribución del ingreso, protegiendo a los sectores privilegiados.
– Evitan el desarrollo económico, desviando recursos y facultades creativas, las cuales deberían ser usadas en el proceso productivo pero que son usadas para aplicar formas para protegerse de la inflación.
– El financiamiento recurrente del Banco Central, de forma directa (emisión de billetes) o indirecta (financiamiento interno), de los déficits de los presupuestos públicos.
– Amenaza que sectores traten de mejorar su posición por medio de actividades especulativas y no productivas, usando la redistribución del ingreso en detrimento de los sectores más vulnerables.
Para Etienne la estabilidad monetaria tiene gran importancia para lograr el bien común de la sociedad y que en esta impere un orden económico-jurídico justo. El académico recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, en su párrafo primero del artículo segundo la obligación estatal de procurar y fomentar un sistema legal y económico que permita la progresión y su efectivo ejercicio: “Cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. De aquí se desprende que es decisivo formular leyes y mecanismos tanto nacionales como internacionales, así como concebir instituciones, capaces de lograr que se excluya al máximo el abuso hacia los más débiles.
El economista insiste en que la llamada “ilusión monetaria” es una gran tentación para los gobernantes porque los efectos inflacionarios de una expansión monetaria desmedida se presentan con un desfase en el momento en el cual se realizó esta. Cita como caso común la concesión de beneficios en víspera electoral, de cuyos costos (el alza de precios) no se percatará el electorado sino hasta tiempo después de haberse celebrado los procesos electorales. En cambio, el gobernado siente inmediatamente los costos de un aumento en el gasto público financiado mediante los diferentes tipos de impuestos, como por ejemplo un alza en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Etienne recomienda que ante el riesgo potencial que nace del acceso directo a la oferta monetaria por parte de los gobernantes, es necesario evaluar algunos instrumentos que limiten y controlen la capacidad de generar inflación. Para ello, según su criterio, es pertinente la creación de un monopolio monetario público, en un marco de actuación institucional y democrática, cuyo rol es desempeñado por el Banco Central del país: “Un Banco Central debe diseñar su política monetaria de forma autónoma pero en conformidad con las normas constitucionales, siendo comparables su actuación a la de los tribunales supremos, que, aunque adquieren una legitimación democrática al ser ratificados por el Congreso, luego ejercen una función controladora sin depender de instancias políticas e incluso llegan a ejercer tal función en contra de éstas. Un Banco Central para poder procurar el valor de la moneda con mayor eficacia debe ser, ante todo, autónomo”.
La conclusión del académico nos aporta elementos para la discusión local: Buscar la estabilidad de precios a través de instituciones monetarias autónomas no es un fin en sí mismo, sino parte de los objetivos de los Derechos Económicos, que son el crecimiento sostenible, la adecuada distribución del ingreso entre los miembros de la sociedad y la institucionalidad democrática de impartición de justicia son imposibles de lograr en un entorno inflacionario.
12.09.11 Rafael Uzcategui. Correo del Caroní
