Por Africa Matute
Todos y todas somos iguales ante la ley; por lo tanto, debemos recibir el mismo trato cuando nos enfrentamos al sistema de administración de justicia, sin discriminaciones por ninguna razón, pero también sin ningún favoritismo. Esto lo dice nuestra Constitución en su Artículo 21. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales este precepto constitucional no se cumple, creándose desigualdades frente a la ley.
Una de estas situaciones en las que el sistema de justicia penal no actúa con un trato igualitario, es cuando de funcionarios policiales y militares que hayan violado derechos humanos se trata. Por ejemplo, al momento de ser establecido su centro de reclusión, es práctica común entre los tribunales de juicio que estos policías y militares sean destinados a centros especiales de reclusión, en su propio comando policial o regimiento militar y no a los penales donde se recluye al resto de la población. Esto se intenta justificar señalando que es para «protegerlos» por agresiones que pudieran sufrir.
Son muchos los casos que se han denunciado sobre funcionarios policiales o militares condenados por la comisión de un delito, que al ser trasladados a su propio comando, cometen irregularidades, entran y salen del reclusorio libremente, organizan fiestas donde hay consumo de alcohol, mantienen negocios, y en definitiva disfrutan de prerrogativas que no debe tener ninguna persona privada de libertad.
Este es un debate que se está dando en varios países de Latinoamérica. En Argentina se aplica cárcel común a los genocidas condenados por los crímenes de la última dictadura militar, explicitándolo en las sentencias. En Colombia surgió la diatriba a principios de este año, cuando se denunció que el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida se había convertido en una especie de cárcel dorada para militares condenados. El ministro del Interior de ese país, Germán Vargas Lleras, señaló que habría que replantearse políticas para que los militares que se encuentren en estas circunstancias purguen sus condenas en pabellones para funcionarios públicos dentro de las cárceles ordinarias.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías se ha manifestado sobre este tema. En su discurso del 21 de julio del 2010, en el acto de graduación de la segunda promoción de la Policía Nacional Bolivariana, el Primer Mandatario nacional cuestionó esas prácticas en las cuales se pone a funcionarios policiales que han cometido delitos «a la orden de su comando», diciendo además que estos efectivos que han delinquido tienen que estar a la orden de un Juez, de un Tribunal y en prisión. Asimismo, el presidente Chávez indicó que aquí no pueden haber privilegios para nadie porque esto favorece la impunidad.
Todos estos puntos nos llevan a una reflexión. Para que nuestro sistema de administración de justicia pueda realmente erradicar la impunidad, debe existir «una sola justicia» para todos y todas, sin privilegios ni concesiones especiales que no hacen más que convertirse en una forma de revictimizar a quienes han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de policías o militares.
16.05.11 El Universal
