En la segunda mitad del siglo XX, salvo algunos períodos, Venezuela nadaba en dinero. Pese a ello, el sistema democrático funcionaba sólo en lo formal, los índices de pobreza eran muy elevados y los partidos tradicionales (Acción Democrática y COPEI) se repartían el botín estatal con mucho tesón y pocos escrúpulos. El descontento popular crecía. Los militares se embarcaron en un fallido golpe de Estado en 1992. Chávez estuvo preso dos años, fue indultado y luego accedió al poder, en 1999, mediante elecciones libres. La mayoría de la población, tradicionalmente marginada, acogió su discurso de medidas sociales y de grandes reformas. Estas últimas comenzaron por una nueva Constitución, considerada muy progresista. Cambió también el nombre del país, la bandera, el escudo nacional e incluso la hora oficial.
El resto de la historia es bien conocido: Chávez ha buscado ser un protagonista regional e internacional, ha ganado varias elecciones y se ha hecho famoso por su admiración por Fidel Castro, sus osadas declaraciones públicas y sus discursos interminables. Lamentablemente, también se ha hecho célebre por controlar todos los orondos poderes del Estado establecidos en la Constitución y por reprimir a la disidencia.
Las preguntas que se hacen hoy día los observadores internacionales son, entonces, ¿hay democracia en Venezuela?, ¿hay estado de derecho?
¿No bastaría, como creen algunos, que el régimen de Chávez haya llegado al poder por vía electoral (y ganado luego otros varios comicios) para declararlo democrático? A mi juicio, ello es suficiente para reconocer que su gobierno tiene legitimidad democrática de origen, pero no necesariamente de ejercicio. Y esto es así porque en Venezuela no ha subsistido el estado de derecho.
Esta última afirmación exige aclarar conceptos: Se suele distinguir entre estado de derecho de forma y de fondo (o material). El primero supone que las autoridades y las personas están sujetas a la ley y nadie está por encima de ella. La ley debe ser pública, predecible y aplicarse igualmente a todos. El estado de derecho de fondo o material implica, además, que las instituciones y las autoridades estén orientadas hacia el interés público y que se respeten los derechos fundamentales de todos, sin discriminación.
A partir de estas nociones, en Venezuela, antes de Chávez, hubo estado de derecho formal, pero no material. Bajo Chávez no existe estado de derecho en ninguno de las dos acepciones. Léanse las declaraciones del presidente y sus seguidores y se verá que dicho concepto tiene sentido solamente si contribuye a la realización de lo que llaman «Revolución Bolivariana» o «Socialismo del Siglo XXI». Todos estos personeros no creen en la separación de los poderes del Estado, ni en su autonomía y mutua fiscalización. Les interesan los fines, no los medios.
Desde otros países, incluido Chile, muchos defienden al régimen chavista, sea por su retórica anti-imperialista o por sus programas sociales (los cuales aplauden sin considerar su relación costo-beneficio ni su sostenibilidad). No son pocos los que lo apoyan, en el fondo, porque creen que en aras de fines últimos que consideran justos o deseables, todo está permitido. Bueno, deberían declararlo así abiertamente y no escudarse en el argumento espurio de que en Venezuela hay estado de derecho sólo porque todavía se celebran elecciones.
José Zalaquett
Publicado en blog.latercera.com
