Uno de los campos de actuación gubernamental en el que se han realizado los mayores esfuerzos y empleado altos volúmenes de recursos en los últimos años, ha sido el de la promoción y financiamiento de nuevas cooperativas. La Constitución Nacional de 1999 incluyó varios artículos relacionados, se elaboraron decretos-leyes al respecto, se crearon dependencias gubernamentales con competencia en el área –incluso un ministerio-, se constituyó una Misión en referencia –“Vuelvan Caras”- y se multiplicaron los fondos crediticios en diversos entes gubernamentales. Se les otorgó prioridad en las contrataciones de entes gubernamentales y se les contempló en el Plan de Desarrollo Económico Social 2001-2007 como medios básicos de participación socioeconómica de la población excluida en la generación del desarrollo endógeno y de inclusión y protagonismo popular.
Esta diversidad de estímulos y ofertas de apoyo gubernamental generó un verdadero aluvión de creación de nuevas cooperativas, al punto de aumentar su registro legal de 2.208 en el año 2002 a 187.000 en el 2008. Informes de consultores especializados calcularon en 91.640 nuevas cooperativas, las que recibieron financiamiento por entes crediticios del Estado entre el 2003 y el 2007. Sin embargo, en el Censo de Cooperativas de Noviembre 2006 organizado por el Ministerio de la Economía Popular –hoy “Economía Comunal”- se presentaron 37.552 asociaciones, estimándose que el resto de las registradas no estaban funcionando –unas 150.000-. Además el ex ministro Elías Jaua señaló que de las cooperativas creadas por la Misión ‘Vuelvan Caras’ –las más asistidas-, el 45% funcionaban regularmente. De aplicarse este porcentaje a los cooperativas censadas se tendría que las que están realmente funcionando pueden ser unas 16.898.
A pesar de que este número de cooperativas funcionando es de por sí un hecho importante, al considerar sus aportes al producto nacional y a la creación de empleo se evidencia un bajo impacto de la política referida. La contribución al PIB de las cooperativas fue de 1.6% en 2008 en tanto era el 0.5% en 1998 y en el empleo se pasó de 173.992 integrantes de cooperativas en 1998 a 201.773 en el 2008. La gran mayoría de las nuevas cooperativas en funcionamiento -53%- se han dedicado a los servicios personales y comunitarios y de las que producen bienes -33%- más de la mitad lo hace en labores agrícolas complementarias.
Ante estos datos la gran pregunta es cómo fue posible dedicar tantas esfuerzos y recursos con resultados tan limitados. Si bien el cooperativismo venezolano existente antes del año 2000 no era el de mayor desarrollo de América Latina, si presentaba logros significativos en servicios de salud, producción y distribución de alimentos, servicios funerarios, distribución de gas doméstico y servicios financieros en varias entidades del país. Por qué se prefirió traer ‘expertos cooperativistas’ de Nicaragua, España, Brasil y Argentina para orientar el diseño de las políticas gubernamentales, ignorándose la experiencia venezolana de producción cooperativa de bienes y servicios en un país rentista y excesivamente dependiente del Estado.
Precisamente una de las grandes debilidades de la política gubernamental fue que más que estimular las iniciativas y aportes propios de quienes conformaron las cooperativas, la promoción se centró en una oferta masiva, indiscriminada y poco rigurosa de créditos que terminó fomentando mayoritariamente un cooperativismo artificial, no sostenible y carente de valores y ética cooperativa.
Igualmente, se ignoró la educación cooperativa y se ofreció una instrucción doctrinaria retórica y carente de herramientas para una gestión cooperativa cohesionada, productiva y eficiente. Como el caso de la Misión Vuelvan Caras I y II en la cual de las 5.800 cooperativas creadas sólo el 45% están activas con producción o servicios. Cerca del 76% de los “lanceros” -beneficiarios del programa- se dedican principalmente al comercio y servicios comunales, mientras el 24% restante se dedica a producir manufactura y agricultura.
Se terminó promoviendo un cooperativismo sin integración entre sus unidades, con un escaso número promedio por cooperativa –mientras en 1997 era de 263 integrantes promedio se pasó a 10 en el 2005-, dedicado fundamentalmente a servicios y altamente dependiente de contrataciones y créditos del Estado. Tales contrataciones propiciaron un trabajo precario, deficientemente remunerado, desprotegido, afectaron la unidad y organización de la población trabajadora en las empresas del Estado, contribuyendo a bajar los costos laborales y debilitando aún más a los sindicatos. En fin, se fomentó un cooperativismo con un escaso aporte al desarrollo endógeno y a la conformación de un nuevo modelo productivo.
¿Por qué son estos los resultados si se emplearon tantos recursos y se generaron tantas esperanzas en el pueblo venezolano? El análisis de esta política pública debe enfocarse en el sobredimensionamiento de los objetivos político-electorales perseguidos con esta política, en el marco del referendo revocatorio presidencial y de los eventos electorales subsiguientes. Más que generar producción, empleo y bienestar a través de un cooperativismo auténtico, productivo y sostenible, los objetivos se dirigieron a crear bases de apoyo para la continuidad en el poder del actual grupo en el poder. El cooperativismo fue más un recurso que el fundamento de una política transformadora.
Nelson Freitez, profesor de la UCLA
