Es imprescindible el acceso a los tribunales, expedientes, sentencias e información estadística…
En pleno siglo XXI, la era de la cibernética adopta un ritmo cada vez más acelerado que obliga a la humanidad a mantenerse bien informada. A pesar de que Venezuela no escapa de esa realidad, investigar sobre ciertos temas, especialmente aquellos que se enmarcan dentro del ámbito político institucional, es cada día más arduo, fundamentalmente por el acceso a los datos oficiales.
En el caso de la información judicial proveniente de las instituciones que juegan un rol protagónico en la producción de datos (TSJ, MP, CICPC), en el mejor de los casos ésta se mantiene en reserva hasta ser compilada y publicada en su respectivo informe de gestión, de manera que sólo una vez por año se puede revisar. Aunque tienen portales en Internet, los mismos se limitan a promocionar noticias internas. Otras instituciones simplemente mantienen una política de no revelar a la luz pública los datos que registran.
Los obstáculos abundan: morosidad en la publicación, estadísticas con escasa desagregación, nomenclaturas distintas, datos incompletos, criterios independientes entre sí e incluso variables de año en año o ausencia de datos, son algunos ejemplos de lo que se puede encontrar durante el proceso de recolección de información. Otra dificultad es la ausencia de explicaciones previas, definiciones de términos y/o comentarios que permitan comprender a qué se refiere determinado organismo cuando clasifica la información. La consecuencia: los datos carecen de confiabilidad, lo que impide conocer o evaluar eficazmente la labor de estas instancias.
Otro aspecto a resaltar es la actitud de las personas encargadas de brindar información. Algunas se sienten incómodas por el hecho de que un tercero le solicite cuentas de la labor que presta la institución y se excusan en la confidencialidad. Otras se muestran amables y dispuestas, pero manifiestan no ser (o sentirse) autónomos para brindar la información.
Son necesarias las rendiciones de cuenta de cara al ciudadano, así como mejoras al servicio, de manera de elevar su confianza en la institución y evitar la tentación de tomar la justicia por mano propia. Es imprescindible el acceso a los tribunales, expedientes, sentencias e información estadística y de presupuesto. No se trata de una concesión, sino de un ejercicio de ciudadanía que lejos de ser una carga más para los operadores, es una función que deben cumplir en su calidad de «servidores públicos».
Éstos se deben al ciudadano y no al revés. Se deben a una institución cuya función tiene en sus manos la libertad, felicidad y en líneas generales el futuro de muchos venezolanos. Por tanto, son necesarios servidores públicos cónsonos y con vocación de servicio, cada vez mejor formados profesionalmente pero también más humanos, que propicien un cambio significativo en la atención que brinda el sistema.
Es preciso salir del oscurantismo y hermetismo en que las instituciones oficiales se sumergen, y rescatar la independencia, transparencia y objetividad tan necesarias en estos tiempos de polarización. (Dorennys Angulo, 14.04.10, http://www.redapoyo.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=2)
