Un resultado seguro de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 26 de septiembre es que tendremos una Asamblea Nacional más plural que reflejará de manera más objetiva la real correlación de fuerzas políticas en el país. Aspiramos que cada sector tenga la suficiente madurez democrática para respetar el escrutinio y somos optimistas en este sentido, pues las experiencias recientes así lo han demostrado. Los parlamentarios electos tendrán el deber de rescatar el carácter autónomo de la Asamblea para que cumplan con los mandatos que le impone la Constitución. Quienes culminan su período legislativo dejan una gran deuda. Incumplieron la obligación que tenían de reformar la Ley Orgánica del Trabajo para implementar un nuevo régimen para el derecho a las prestaciones sociales. No legislaron en materia de salud, ni en pensiones, ni para incorporar la tortura como delito. No le presentaron al país el Informe prometido sobre las investigaciones acerca de las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en la década de los años 60, 70 y 80. Ni siquiera sobre las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo con las cuales realizaron bastante proselitismo político y entusiasmaron a los familiares de las víctimas. No entregaron el Informe sobre los millones de toneladas de comida que se pudrieron en contenedores bajo control del Ejecutivo Nacional.
Los parlamentarios electos deberán culminar esos informes pues sería un aporte a la lucha contra la impunidad en el país.
Para contribuir al trabajo de los parlamentarios que asumirán funciones en el 2011 las organizaciones de derechos humanos que nos agrupamos en el Foro por la Vida hemos elaborado un Decálogo por los Derechos Humanos del cual exponemos una parte de ese conjunto de propuestas.
1.- Dar cumplimiento inmediato a la disposición transitoria cuarta de la Constitución y promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, en un proceso legislativo que garantice la más amplia y plural consulta a hombres y mujeres de todos los sectores sociales.
2.- Aprobación definitiva de las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.
3.- Aprobar una ley de salud que se adecue a los parámetros y disposiciones de la Constitución, garantizando una atención pública en salud universal y descentralizada, prestada en forma oportuna y sin ningún tipo de discriminación, en cumplimiento con el derecho a la salud como parte del derecho a la vida, y desarrollando todos los elementos necesarios para garantizar el más alto nivel de salud de la población a través de políticas de prevención, sanitarias y de calidad de vida. Adaptar dicha ley a las normas internacionales de salud sexual y salud reproductiva .
4.- Promulgar una ley de acceso a la información pública que garantice el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada. Legislar por los derechos humanos significará legislar para fortalecer la democracia.
Marino Alvarado
Coordinador general de Provea
Publicado en Tal Cual
