Por Rafael Uzcátegui
El lamentable saldo de los hechos ocurridos en la Cárcel de El Rodeo es la consecuencia de la insuficiencia de las políticas públicas ejecutadas en el área penitenciaria. Entre los diferentes aspectos que hacen posible una tasa de hacinamiento de 350%, 30 mil internos –de una población total de 45 mil- esperando sentencia y un trágico promedio de 409 asesinados al año se encuentra un estilo de gobierno caracterizado por el sectarismo y la exclusión. Las autoridades han obviado el conocimiento acumulado de personas capaces de haber aportado soluciones debido a razones políticas e ideológicas. El voluntarismo empirista ha demostrado sus limitaciones para abordar la complejidad de los centros penitenciarios del país.
El aporte de las organizaciones no gubernarmentales fue decisivo en 1999 en la redacción de los artículos sobre derechos sociales de la Constitución. En esa oportunidad las organizaciones propusieron un Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual fue actualizado en el año 2008, como forma de superar la polarización y proponer una visión incluyente de país. Las propuestas han sido desestimadas y se han cerrado los canales de diálogo e interlocución con el Ejecutivo.
La llamada “Agenda por los Derechos Humanos y la Democracia” para el tema de los recintos penitenciarios propone 13 medidas concretas. La primera es la elaboración de un Plan Nacional de Reordenamiento para adecuar el sistema carcelario tanto a la normativa internacional como nacional. Seguidamente el brindar condiciones aptas para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, lo cual garantice la reinserción social de las personas privadas de libertad, priorizando modalidades de régimen abierto y de colonia agrícola. Como tercer punto se encuentra la promoción de un ente autónomo con carácter técnico para regir las políticas penitenciarias e impulsar la descentralización como lo establece el artículo 272 de la Constitución.
Otra propuesta es la de prohibir las penas corporales y sanciones crueles, inhumanas o de cualquier otra índole, que perjudiquen la salud física y mental de los internos, en aras de garantizar su seguridad, salud y vida. También el aumento y capacitación del personal encargado del trato directo con la población penal, garantizando un alto perfil en la selección del personal y las mejoras sustanciales en la remuneración. Sexto, condiciones para garantizar las tendencias criminológicas en uso internacional: grupos de internos que no sobrepasen las 200 personas, número mínimo y máximo de internos por celdas y cuartos, medidas higiénicas, iluminación, agua potable, servicios sanitarios y ventilación apropiada. Séptimo, garantizar a los reclusos la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, creando las instituciones indispensables para la asistencia post penitenciaria. Octavo, asegurar que cada privado de libertad sea debidamente informado del régimen interno, la categoría a la cual pertenece, los mecanismos dispuestos para la formulación de quejas y los medios para comunicarse con sus familiares.
La siguiente idea es normar claramente los procedimientos de inspección a los visitantes a fin de garantizar un trato digno y de respeto a la integridad tanto de los internos como de sus familiares. Décimo, garantizar el traslado de los internos a los tribunales, eliminando la comercialización ilícita de este derecho. Otra propuesta es el acatamiento de la responsabilidad de suministrar a los internos de una dieta alimenticia que garantice niveles óptimos de salud. Siguiente: garantizar el pleno disfrute del derecho a la visita conyugal de la población penal sin discriminación alguna y en las condiciones sanitarias adecuadas. Por último, el asegurar el traslado voluntario de la población reclusa extranjera a su país de origen, para el cumplimiento de la pena, según lo establecido en los tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por la República.
A pesar de la feroz campaña de criminalización impulsada por el Estado contra las organizaciones, especialmente contra Humberto Prado y el Observatorio Venezolano de Prisiones, las ONG´s seguimos dispuestas a contribuir al diseño, ejecución y monitoreo de las políticas públicas en el sector. Desde 1989 Provea ha escuchado, con variaciones de forma, los mismos adjetivos descalificativos por parte de los diferentes gobiernos, los cuales intentan no reconocer su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en el país. Esto no hará que abandonemos nuestra misión de trabajo: acompañar a las víctimas y potenciales víctimas en el resarcimiento de sus derechos.
La crisis desatada en El Rodeo debería tomarse como una oportunidad para diseñar un plan a corto, mediano y largo plazo con todos los actores, redireccionando correctamente las políticas en materia penitenciaria. Hasta ahora se insiste en reincidir en los errores cuyos resultados están a la vista.
