El mundo luce al revés, y la excepción no escapa bajo el cielo del Estado democrático, social de derecho y de justicia en el que vivimos, en donde ocurren hechos que ni la pluma de un versado director de Holywood se haya atrevido a imaginar. Las bases en los que se erigen la formación moral y cívica parecen tambalearse en forma progresiva, con el mismo paso en los que se pierde la sensibilidad humana y la capacidad de asombro. La convivencia en una sociedad donde los secuestradores son los propios policías y los generales eructan delante todo un país, donde las luces del semáforo se invierten al caer la noche para evitar el infortunio hamponil y las normas de tránsito son impuestas por la imprudencia de los motorizados; parecen desalentar a cualquiera, sin embargo, debemos tomar esto como estímulo para educar, formar y preparar a las venideras generaciones para evitar que lo anormal sea lo normal y que el antagonismo se convierta en el deber – ser.
Propiedad Agraria en Caruao.
Hechos como el incidente ocurrido hace un mes en Caruao se repiten a diario en todo el país, sabemos que el Estado tiene un compromiso de altura con miles de venezolanos que esperan por una vivienda digna, y aunque la tarea no ha sido del todo sencilla, existen planes de desarrollo urbanístico que apuntan hacia el desarrollo en esta materia. No obstante, con sus aciertos y desaciertos, es deplorable y dañino para la filosofía revolucionaria convalidar cualquier forma de abuso en contra de la propiedad. En el caso que nos ocupa, la familia Quintero ostenta un derecho de propiedad agraria a través de un título otorgado en adjudicación “definitiva” por el extinto Instituto Agrario Nacional, cuya validez si bien está condicionada a la existencia de cualquier forma de producción sobre la tierra, el Estado no puede desconocer los derechos que en un momento dado se les otorgó a un determinado ciudadano, mucho menos si sobre el lote regularizado se cumple una función social. Muy por encima de esto es deber del Instituto Nacional de Tierras, promover políticas agrarias de actualización masiva de estos vetustos y eficaces instrumentos, que a todas luces son la fiel expresión del reconocimiento por parte del Estado sobre las tierras de carácter público que se encuentran en producción. Utilizar el emblema de Explosión del Poder Comunal como la forma más expedita para subvertir el Estado de Derecho, es un error muy alto para el Gobierno en tiempos electorales.
Un Árbitro llamado INTI
El abordaje a un tema tan delicado donde se contraponen derechos como el de acceder a una vivienda digna y el derecho a la propiedad agraria debe manejarse con criterios de ponderación. El Instituto Nacional de Tierras, acertadamente asumió la rectoría del conflicto, sin embargo, el problema se presenta cuando se evidencia que el ánimo de estas sesenta (60) familias está dirigido a cubrir necesidades de índole habitacional, dejando en un segundo plano cualquier eventual proyecto que contribuya a la seguridad y soberanía agroalimentaria. Esto nos permite obtener una visión más amplia sobre el problema al momento de enfocar el ámbito de competencias del Instituto, el cual no puede girar en otro sentido distinto al mandato impuesto en el artículo 119 cardinal 1° de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario el cual dispone: “Corresponde al Instituto Nacional de Tierras: 1°. Adoptar las medidas que estime pertinentes para la transformación de todas las tierras con vocación de uso agrario, en unidades económicas productivas…”. Lo que en otras palabras se traduce en que las demandas de estos venezolanos y venezolanas que claman por el derecho humano a una vivienda digna, merecen ser atendidas con respuestas claras, sinceras y sin ambigüedades, (a través del MOPVIH o el Gobierno Regional) procurando soluciones efectivas y definitivas.
Algo más sobre tierras con vocación agraria
En 2002, luego de la Constitución, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue el primer instrumento jurídico por aniquilar durante el gobierno de facto de Carmona.
La historia de Venezuela refleja nombres como José Leonardo Chirinos, Ezequiel Zamora, Isaías Medina Angarita, Braulio Álvarez y cientos de campesinos que coincidencialmente han pagado un precio muy alto tras luchar por la gesta emancipadora y la justa distribución de las tierras.
La Iglesia Católica sostiene que “la concentración de la tierra es un escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, ya que niega a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra”.
La Ley vigente promueve el derecho a ser adjudicatario de una parcela para la producción agraria, el derecho a ser usufructuarios de una parcela y un seguro de producción contra catástrofes rurales. Asimismo fomenta el establecimiento efectivo de las condiciones mínimas para el desarrollo integral de su persona y dignidad, para el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
